politica@eluniversal.com.mx

Adriana Manzanares cumple una condena de 22 años de cárcel por el presunto homicidio de su hijo recién nacido, ya que fue juzgada por una asamblea popular de Ayutla de los Libres, Guerrero, por tener una pareja fuera de su matrimonio, así como por el aborto involuntario de un bebé producto de esa relación.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría resolver hoy su caso, en el que su defensa argumenta graves violaciones al proceso contra la joven indígena.

De acuerdo con Javier Cruz Angulo, titular de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que junto con el Centro, Las Libres defiende a Adriana, el proceso no respetó los derechos humanos, ya que, para empezar, ella no hablaba español. “Es como si su juicio se hubiera hecho en chino-mandarín”, sostiene el litigante.

En marzo de 2012 el Alto Tribunal del país resolvió atraer el expediente para determinar si se violó o no el derecho fundamental de esta mujer al acceso a la justicia, ante las dudas por la prueba pericial presentada en su caso para acreditar el deceso del menor, además de las circunstancias en las que se dio su condena.

Pero hay más en juego que la libertad de Manzanares, asegura Cruz Angulo: “Debe quedar claro que las comunidades no pueden suplantar al Estado en la procuración e impartición de justicia”.