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WASHINGTON.— El Departamento de Estado lamentó ayer la decisión del gobierno de Texas de desoír las peticiones del gobierno federal y ejecutar al mexicano Édgar Tamayo Arias, a pesar del reiterado llamado a revisar su caso, y urgió al Congreso a reconsiderar la legislación que obligaría a todos los estados de la Unión a cumplir con sus obligaciones internacionales.

La condena no se hizo esperar. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Extranjeros y Política de Seguridad, señalaron que con Texas se violaron claramente las obligaciones internacionales de Estados Unidos.

El presidente Enrique Peña Nieto, por su parte, dijo que la pena capital que se aplicó a Tamayo Arias —consumada la noche del miércoles por inyección letal— , “sienta un mal precedente” en la aplicación del debido proceso para cualquier ciudadano del mundo.

“Hay que decir que esta falta y el no reconocer la aplicación del debido proceso, como lo mandató la Corte Internacional de La Haya, genera un mal precedente ante cualquier ciudadano de cualquier nación”, advirtió.

Aunque reconoció que el gobierno del presidente Barack Obama apoyó y se solidarizó con este tema para que se observara el debido proceso por parte de las autoridades del estado de Texas.

De hecho, ayer mediante un escueto comunicado, el Departamento de Estado lamentó la decisión del gobierno de Texas de ejecutar a Tamayo, a pesar de los reiterados llamados desde el gobierno federal para revisar una sentencia y, sobre todo, evitar una ejecución que ya ha impactado negativamente en las relaciones con México y podría afectar a ciudadanos de Estados Unidos que son detenidos en el extranjero.

Reafirmó su compromiso para cumplir con sus obligaciones emanadas del fallo de la CIJ en 2004, a través del denominado Caso Avena, en el que la Corte resolvió que las cortes estadounidenses deben revisar el proceso y sentencia de los más de 50 ciudadanos mexicanos encarcelados en la Unión Americana para determinar si, acaso, hubo violación del debido proceso ante la ausencia de asistencia consular.

El Departamento de Estado consideró “fundamental” el cumplimiento de Estados Unidos con sus obligaciones internacionales para evitar que sus ciudadanos “que son arrestados o detenidos por gobiernos extranjeros” no sufran el menoscabo de sus derechos, como por ejemplo, el acceso y la asistencia consular que se le negó a Tamayo.

Este pronunciamiento del Departamento de Estado dejó en evidencia su incapacidad para evitar que el estado de Texas siga desoyendo un fallo internacional de obligado cumplimiento para el gobierno estadounidense.

Por su parte, la Unión Europea, mediante Catherine Ashton, lamentó la ejecución que “es una indiscutible violación de la obligación internacional”. Dejó en claro que “la Unión Europea se opone a la utilización de la pena de muerte en todos los casos y bajo cualquier circunstancia. Es cruel, inhumana e irreversible, y su abolición es esencial para proteger la dignidad humana”.

Mientras que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos se sumó a la condena internacional ante la “decepcionante” decisión del gobierno de Texas, “pues ni la Junta de Indultos y Libertad Condicional, ni el gobernador Rick Perry tomaron las medidas a su alcance para evitar esta violación de las obligaciones de Estados Unidos, en virtud del derecho internacional”, al negarse además de forma sistemática a la revisión del caso como lo ordenó la CIJ (Con información de Francisco Reséndiz)