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La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud (Ssa) presentó una denuncia penal en contra de dos servidores públicos, para que sean investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) ante su presunta implicación en la compra y regular de bienes, que pudo afectar el patrimonio del organismo.

Autoridades federales detallaron que la Cofepris, que encabeza Mikel Arriola, recibió una denuncia interna sobre anomalías en los procedimientos de adquisiciones, por lo que se dio vista al Órgano Interno de Control (OIC) —dependiente de la Secretaría de la Función Pública—, para determinar si existían fundamentos para actuar en contra de los funcionarios posiblemente implicados en este caso.

Se detalló que “se llevó a cabo la investigación, y se encontraron suficientes elementos que sugieren la comisión de delitos en los procedimientos de adquisiciones por parte de dos servidores públicos”, aunque los nombres de los presuntos responsables de actos de corrupción se mantendrán en reserva para no entorpecer la indagatoria en el ámbito ministerial.

Por ello, “tras detectar presuntas irregularidades en la compra de bienes”, la Cofepris presentó la denuncia de hechos en contra de los dos servidores públicos implicados en las anomalías en torno a la adquisición irregular de productos y servicios.

Con fundamento en el artículo 19 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Cofepris presentó la denuncia correspondientes ante la Delegación de la PGR en el Distrito Federal, por lo que será competencia de esta dependencia determinar la comisión de los delitos y proceder contra los funcionarios inculpados.

Se recordó que desde junio de 2013, la Cofepris y la SFP lanzaron la Estrategia para Fortalecer la Transparencia, a fin de combatir los actos de corrupción en ese organismo de la Secretaría de Salud.

Desde esa fecha se instruyó a los titulares de las distintas áreas de la Comisión a otorgar todas las facilidades al Órgano Interno de Control dependiente de la SFP para implementar estrategias tales como usuario simulado, informática forense, investigación patrimonial e investigaciones estructurales, para detectar estos casos.