liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

FELIPE CARRILLO PUERTO, Mich.— El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, solicitará al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la revisión de los expedientes de los 48 miembros de los grupos de autodefensa de Michoacán que se encuentran presos en diversas cárceles federales acusados de delincuencia organizada.

También consultará con el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, cuáles son las acciones que ha realizado para detener a los “verdaderos delincuentes” y en qué evidencias se basó para consignar a los miembros de los grupos de autodefensa.

Informó que el propósito es que sean liberados todos aquellos que son inocentes y que, quienes hayan cometido un delito, sean juzgados conforme al derecho.

Después de escuchar los testimonios de los habitantes e integrantes de los grupos de autodefensa de la región de Tierra Caliente, el ómbudsman expresó: “Vamos a acompañar el esfuerzo que hace Hipólito Mora (líder de las autodefensas en la comunidad de La Ruana) para restablecer la seguridad”.

Sobre las investigaciones que realiza este organismo en Michoacán, informó que se han documentado graves deficiencias en la integración de las averiguaciones previas relacionadas con los homicidios registrados en la entidad, pues no coinciden con los testimonios de familiares y testigos, ni se establecen el secuestro o los llamados levantones como el origen de los asesinatos, pese a que hay evidencias de que ocurrieron.

Informó que en la última semana ha recibido seis quejas por abusos cometidos por elementos de la Policía Federal en los retenes que han establecido en la entidad, por lo que reiteró que se deben conducir de acuerdo con los protocolos.

El líder del grupo de autodefensa de la comunidad de La Ruana, Hipólito Mora, insistió en que no entregarán las armas “hasta que los del cártel de Los Caballeros Templarios estén le cárcel”, y aseguró que las autodefensas no pertenecen ni son financiadas por ningún otro cártel o grupo. “Que nos investiguen, no tenemos nada que ocultar. Aquí todos son cortadores de limón y viven en la pobreza”, expresó.

Este jueves, el presidente de la CNDH recorrió Tierra Caliente para escuchar los testimonios de familiares de dos de las personas que murieron asesinadas en el enfrentamiento que ocurrió en el poblado de Antúnez, el 13 de enero pasado.

Los testimonios y evidencias recabados señalan que ese lunes por la noche, luego de que el gobierno federal anunciara su intervención, arribó a Antúnez un vehículo del Ejército con militares; con gritos y armas largas empuñadas exigieron a los integrantes del grupo de autodefensas que se encontraban en el entronque de la autopista federal con el acceso a la comunidad, que les dieran sus armas.

Los civiles se negaron, y entre gritos y forcejeos comenzaron a escucharse balazos. “Los balazos los tiraron los militares, que se quedaron arriba del camión y estaban como drogados porque empezaron a disparar como locos, y cuando la gente empezó a gritar que había muertos, todos corrimos y los soldados empezaron a golpearnos y a darnos patadas”, dice uno de los testimonios.

Tras los hechos murió Rodrigo Benítez Pérez, de 25 años. Su mamá, Juana Pérez, aseguró que su hijo no pertenecía a los autodefensas, que no ha recibido ninguna indemnización y que además no cuenta con el acta de defunción. “¡Mataron a un inocente!”, exclamó.

En la casa de Mario Pérez Torres, un campesino que murió en ese tiroteo, otra vez están de luto. Hace tres días su mamá, doña Rosa Sandoval, no resistió el dolor por la muerte de su hijo y falleció. Su familia reclama justicia.

En una reunión con habitantes de La Ruana, los familiares de los 48 miembros de las autodefensas detenidos en diversas prisiones del país pidieron la intervención de la CNDH para que sean liberados.