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A partir de ahora, una vez que se oficializó el acuerdo de cooperación técnica entre el Estado mexicano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las víctimas de Ayotzinapa, México tendrá que atender las desapariciones forzadas conforme a la normativa internacional, hecho que antes “desafortunadamente” no ocurría, afirmó el organismo.

“Lamentablemente los hechos de Ayotzinapa no son nuevos, ya se han presentado en distintas partes del país y eso lo hace más grave en términos de que no sólo se han repetido, sino también de que en ocasiones queda un manto de impunidad”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH Emilio Álvarez Icaza. “La Comisión manda un poderoso mensaje de que no sólo se atienda el caso sino también lo estructural, que México desarrolle las capacidades para que no haya un fenómeno de desapariciones forzadas”, agregó.

En tanto, James Cavallaro, relator para México de la CIDH, aseguró que al grupo de expertos interdisciplinario, propuesto en este acuerdo para buscar a las personas desaparecidas, acompañar a las investigaciones y atender a las víctimas con total independencia, le corresponderá hacer recomendaciones en este proceso.

El acuerdo firmado entre la CIDH y el Estado mexicano tiene tres líneas de acción: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales y el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados.

Además, hace explícita la disposición de México de que a partir de las recomendaciones emitidas para este caso, se fortalezcan las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación en casos de desaparición forzada en general.

Para trabajar en las tres líneas de acción, la CIDH integrará un grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano, tras la desaparición de los jóvenes normalistas.

El acuerdo establece analizar si, independientemente de la investigación penal centrada en la acreditación del delito y probables responsables, se han realizado las acciones para la localización del paradero de los estudiantes. Asimismo, se verificará si se han empleado los medios tecnológicos adecuados para este fin y la ubicación de fosas clandestinas.

El grupo está por integrarse y en principio tendrá un mandato de seis meses y dentro de los primeros tres elaborará recomendaciones operativas. Habrá posibilidad de extender la duración del mandato.

En el análisis técnico de las líneas de investigación se revisará si se están agotando todas las líneas, particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y los actores estatales, donde el grupo de expertos estará facultado para presentar denuncias penales para la persecución del delito. El Estado se comprometió a garantizar a los expertos acceso a los expedientes, instalaciones, infraestructura y seguridad para el desarrollo de su trabajo.