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El proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos —que se analizará mañana martes en el Senado— plantea adelantar la apertura del mercado de venta de gasolina y diesel para particulares.

La propuesta que el presidente Enrique Peña Nieto envió a la Cámara Alta, como parte de las leyes secundarias de la reforma energética, señala que hasta el 31 de diciembre de 2018, sólo Pemex tendrá permisos para la importación de combustibles.

Pero ese rubro sufrió cambios y ahora los senadores plantean adelantar la fecha. En el proyecto de dictamen elaborado por las comisiones de Energía y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores se establece que a partir del 1 de enero de 2017, Pemex no podrá condicionar el suministro de combustibles a la celebración de contratos de franquicia.

“Los permisos para el expendio al público de gasolinas y diesel podrán ser otorgados por la Comisión Reguladora de Energía a partir del 1 de enero de 2017. Desde esa fecha, Pemex, sus empresas productivas y filiales, no podrán condicionar el suministro de energías y diesel a la celebración de contratos de franquicia”, dice el nuevo texto.

El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna Grub (PRI), explicó que esta es una propuesta que seguramente será de los temas más debatidos.

“Se propone adelantar un poco, pero es de los temas que más a debate están y después de ser discutido, se podrán recibir las propuestas de cambio y votación, pero eso lo deciden los legisladores”.

El senador Francisco Domínguez (PAN), integrante de la Comisión de Energía, expuso que ese es uno de los temas que su partido tiene “encorchetado”, por lo que hoy se consultará en el interior de su bancada el cambio.

El proyecto de dictamen señala también que respecto de los precios de la gasolina y diesel para la venta al público, se considera un aumento controlado en el costo de los petrolíferos hasta que termine 2014.

A partir de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2019, los precios de las gasolinas serán ajustados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de manera mensual, conforme a la inflación anual. A partir de 2020, la determinación del precio se sujetará a lo que marque la ley.

Desplazan a Sener

Además, según el proyecto de dictamen, se plantea que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en lugar de la Secretaría de Energía, será la encargada de aprobar los planes de exploración y desarrollo para la extracción de hidrocarburos.

“La Secretaría de Energía podrá establecer el modelo de contratación correspondiente a cada licitación, para lo cual podrá elegir entre otros los contratos de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia”, señala el documento.

Los contratos para la exploración y extracción establecerán, “invariablemente, que los hidrocarburos en el subsuelo, son propiedad de la nación”. En esas actividades se deberá alcanzar por lo menos 25% para empresas nacionales.

Se contempla que el Ejecutivo pueda rescindir administrativamente los contratos para la Exploración, Extracción y Recuperación del Área Contractual cuando por más de 180 días de forma continua no se inicien los trabajos o se presente un accidente grave causado por culpa o dolo del contratista.

En el caso de la entrega de permisos, la Secretaría de Energía emitirá las autorizaciones para el tratamiento y refinación del petróleo, el procesamiento de gas natural y en términos de la Ley de Comercio Exterior, la exportación e importación de hidrocarburos, gas licuado de petróleo, petrolíferos y petroquímicos.

En tanto que la Comisión Reguladora de Energía otorgará permisos para transporte, almacenamiento, distribución, “compresión-descompresión”, regasificación, comercialización y expendio al público de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o petroquímicos.

En el apartado de sanciones se establece que una empresa podrá ser sancionada entre 75 mil a 225 mil veces el salario mínimo de multa por publicar, entregar o allegarse información propiedad de la nación por medios distintos a los contemplados en la ley.

En el caso de la Ley Minera, el proyecto considera que se eliminen las disposiciones que regulan la recuperación del gas natural asociado a las vetas de carbón mineral, en congruencia con la nueva Ley de Hidrocarburos, señala.

“Se agregan los supuestos de cancelación de la concesión minera a la omisión por parte de un concesionario minero de la información acerca del hallazgo de cualquier hidrocarburo en el área concesionada”, dice el texto.