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Si el Estado mexicano no se acostumbra a generar diagramas de las telerañas patrimoniales de empresas y de políticos que rodean a los miembros de organizaciones criminales nunca se podrán generar acusaciones judiciales sólidas contra ellos, afirmó Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, consultado sobre la captura de Héctor Beltrán.

“Durante todos los años que he vivido en México nunca he visto que la Procuraduría General de la República sustente sus investigaciones sobre delincuencia organizada basándose en el análisis de información financiera o de bienes patrimoniales en el que se incluyan todos los vínculos, todas las relaciones, familias, amigos, socios comerciales, políticos, de los detenidos”, explicó.

Sin los análisis patrimoniales, agregó, es muy difícil que una investigación se pueda extender hacia otros miembros de la organización para poder desactivarla y de cercarla financieramente, por lo que debería realizarse un programa de desmantelamiento patrimonial de los activos criminales en manos de personas jurídicas y profesionales o terceros, incluyendo políticos y empresarios.

“Los políticos forman parte de los grupos criminales. El grupo criminal no es una unidad separada al político, que por acción está sirviendo a un grupo criminal organizado, como sucede en muchas partes del país, donde no es por omisión sino por acción misma, favorece los intereses de un grupo criminal, le sirve a ese grupo criminal. El político es parte del grupo criminal y se le debe procesar como tal”, expresó.

Como resultado de la falta de análisis patrimoniales como por un pacto de inmunidad entre la élite política-empresarial ha sido prácticamente imposible realizar investigaciones internacionales relacionadas con organizaciones criminales y lavado, malversación de fondos públicos, fraudes, sobornos, tráfico de influencias, señaló.

“No conozco ningún cuerpo policiaco en México que esté haciendo este tipo de investigaciones”, dijo.