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Para acotar la eventual distribución de dádivas en el proceso electoral, el proyecto de Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) propone regular la dispersión de recursos con monederos, tarjetas de débito y homólogos emitidas por instituciones de crédito, de cuentas bancarias a nombre de partidos o coalición.

En las disposiciones para cerrarle el paso al endeudamiento que resulta de las campañas, el INE prohibirá el financiamiento mediante préstamos personales, ya sea en efectivo, cheque, transferencia bancaria o instrumento similar de personas físicas.

El proyecto de reglamento, elaborado por la Comisión de Fiscalización, que se prevé aprobar el 5 de noviembre, aumenta de 373 a 396 los artículos que regulan el registro y comprobación de ingresos y gastos de partidos, coaliciones, agrupaciones políticas y aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes.

Faculta a la Unidad Técnica de Fiscalización para que en la verificación de recursos pueda solicitar a la Secretaría de Hacienda informes de operaciones financieras “relevantes” o “inusuales” de aportantes privados o de cualquier órgano o dependencia de la Federación, entidades y municipios durante cualquier proceso electoral.

Los partidos deberán remitir a la Unidad Técnica de Fiscalización, dentro de los primeros 10 días naturales siguientes al inicio del proceso electoral, una relación de las personas políticamente expuestas, según la SHCP.

Prevé el deslinde por parte de los partidos, coaliciones, candidatos, precandidatos, aspirantes o candidatos independientes respecto de los gastos de campaña de los que no conozcan su existencia, siempre y cuando el deslinde sea oportuno, mediante escrito presentado 48 horas a partir de la fecha en que se les notifique.

A los aspirantes les exigirá constituir una asociación civil responsable de rendir cuentas, así como la apertura de una cuenta bancaria a nombre de ésta para recibir financiamiento.

Crea el concepto de gastos genéricos de campaña y los de la promoción de dos o más candidatos a cargos de elección popular, y la valuación de operaciones, para determinar el valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados para estimar costos que podrían atribuirse a los sujetos obligados cuando reciban aportaciones en especie sin un valor específico.