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El Senado aprobó una reforma al artículo 259 bis del Código Penal Federal que prevé castigar con multas, despidos y cárcel a jefes y maestros que incurran en acoso laboral y sexual, así como otras sanciones a quienes usen violencia física o sicológica contra compañeros de trabajo o escuela.

La reforma, que fue enviada a la Cámara de Diputados, señala que en caso de reincidencia, además de multa se impondrá la destitución del cargo o empleo.

Al presentar la iniciativa, el senador Alejando Encinas (PRD), dijo que las reformas dan más certeza jurídica para enfrentar los problemas de acoso sexual y laboral, tanto de mujeres, menores e infantes, que la propuesta original de la Cámara de Diputados.

La reforma establece que el asedio a personas de cualquier sexo será sancionado cuando se realice con la amenaza de causar a la víctima un mal relacionado con la actividad que los vincule, sea laboral, docente, doméstica o de cualquier otra índole, con una pena de seis meses a dos años de prisión, y de 30 a 50 días como pago de multa.

Mariana Gómez del Campo (PAN), aseguró que con estos cambios se termina con vacíos legales que generan “nichos” de indefensión e impunidad, ya que permite dotar al Estado con herramientas para que sancione y proteja a las víctimas que enfrentan este problema.

Dolores Padierna Luna (PRD), refirió que en México 47% de las mujeres de 15 años y más sufrió algún incidente de violencia por parte de su pareja y 14 de cada 100 mujeres en ha sido víctima de violencia física.

Castigo a funcionarios municipales

A su vez, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para incluir de manera expresa como sujetos de responsabilidad a los servidores públicos municipales que administren y manejen indebidamente los recursos federales.

La reforma al artículo 108 de la Constitución establece que “los integrantes de los ayuntamientos” serán responsables por violaciones a la Carta Magna y a las leyes federales, así como por el manejo y “aplicación indebida” de fondos y recursos federales.

El pleno también aprobó un dictamen de la Comisión de Seguridad Pública para que la Policía Federal garantice el respeto de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales ratificados por México.