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Mientras no se tengan resultados de pruebas científicas de que los cadáveres encontrados en fosas son de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el pasado 26 de septiembre, o no se concrete la localización de los mismos, no se puede hablar de que los jóvenes están muertos, señaló Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan.

Las investigaciones que se realizan no dan indicios de dónde puedan estar los jóvenes, por lo que debe haber una mayor participación de padres y familiares para encontrarlos, subrayó en entrevista.

Cuestionó que no se llegue a un avance sustantivo en las investigaciones en las que se ha señalado como responsable de los actos contra los normalistas al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, de quien se ha dicho que tenía una estrecha relación con el ex secretario de Salud de Guerrero, Lázaro Mazón, quien lo negó y señaló que con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se busca golpear al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Igualmente, se ha criticado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), a través del cual llegó Abarca a la presidencia municipal, por lo que también se ha cuestionado al ex dirigente de ese partido Jesús Zambrano y al actual, Carlos Navarrete, quienes se han deslindado del ex alcalde y han fustigado al gobierno federal por las investigaciones.

Sobre éstas, Abel Barrera, quien es defensor de los derechos humanos, consideró que con las filtraciones que se han dado de información y con el manejo que le ha dado el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, se afianza una línea en la que quieren apuntalar la relación con el crimen organizado, sin tomar en cuenta declaraciones y versiones que tienen los estudiantes que vivieron los hechos.

Lo que se tiene, mencionó, son testimonios de los policías de Iguala y Cocula y de miembros del crimen organizado, pero eso no da con indicios de dónde pueden estar los estudiantes.

“Cómo es posible que no se dé con el eslabón perdido, que es cuando supuestamente los policías entregaron a los normalistas a otras personas”, subrayó Barrera, quien manifestó que coincide con los padres de los jóvenes de que si tienen a responsables detenidos, cómo es que no sepan a dónde los tienen o se los llevaron. No han actuado oportunamente, consideró.

En esto coincidió José Antonio Ortega, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, quien resaltó que es deseo de todos que los 43 jóvenes estén vivos, pero la autoridad del gobierno del estado de Guerrero actuó tarde, por lo que ahí hay responsabilidades en torno a las cuales el gobernador con licencia, Ángel Aguirre Rivero, debe ser investigado y castigado.