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CIUDAD VICTORIA, Tamps.— Un bibliotecario, una prefecta y una trabajadora social de la Secundaria General 7 fueron detenidos por elementos de la Policía Ministerial del Estado, acusados por los delitos de abandono de persona y encubrimiento, en el caso del niño Héctor Alejandro Méndez Ramírez.

Además, la Procuraduría General de Justicia del Estado informó que también se ejercitará acción penal en contra de la maestra de Español, Denisse Soiré Sernañiz, como probable responsable del delito de homicidio preterintencional y abandono de persona, cometidos en agravio del mismo alumno. Sobre la subdirectora Sandra Luz Garza y el supervisor Paulino Galaviz Rivera, ninguna autoridad emitió información de su situación legal, pero no fueron detenidos.

Nadie sabe dónde se encuentran, sólo se tiene la información que había emitido el secretario de Educación, Diódoro Guerra Rodríguez, en el sentido de que habían sido separados de sus cargos.

La mañana de ayer, elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME), bajo el mando del jefe de grupo de Aprehensiones, Mario Rocha, se movilizaron para realizar las tres detenciones.

En primera instancia, la trabajadora social de la secundaria, Zulma Yaneth Marroquín Olvera; el bibliotecario, Arturo Galaviz Hernández; y la prefecta, Lizbeth Berenice Guerra Álvarez, fueron llevados a las instalaciones de la PME.

En el caso de la trabajadora social, el jueves tuvo un encuentro afuera de la Agencia Sexta del Ministerio Público con la señora Rebeca Ramírez, madre de Héctor Alejandro.

Le argumentó que el día de los hechos la maestra no le avisó, que sólo le pidió a la hora de la salida unos citatorios para unos alumnos que estaban haciendo mucho desorden.

“Yo con un dolor de cabeza les llamo, de cualquier cosa, yo siempre les aviso a ustedes. Me duele bastante lo que pasó, yo tengo hijos”, le dijo a la desconsolada mamá.

El bibliotecario Arturo Galaviz Hernández en las instalaciones de la PME dijo a EL UNIVERSAL que desconocía el motivo de su detención, “soy inocente”, afirmó.

Más tarde, los tres detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal, donde se resolverá su situación jurídica en los próximos días.

Sobre la situación de los cuatro menores que participaron en los hechos, la Procuraduría General de Justicia, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Conductas Antisociales Cometidas por Adolescentes, resolvió ejercitar la remisión del procedimiento especial al Juzgado de Justicia para Adolescentes de esta ciudad capital.