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El ex abanderado a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador procedió penalmente en contra del presidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó ante la Procuraduría General de la República (PGR) de presunta “traición a la patria”.

Sin embargo, adelantó que probablemente no prosperará su querella jurídica, por lo que dijo que documentará el caso para después llevarlo ante instancias internacionales.

La dirigencia del partido en formación Movimiento Regeneración Nacional (Morena) entregó ayer en la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República la querella firmada por su dirigente, Martí Batres, y el secretario de Combate a la Corrupción, Bernardo Bátiz, además de consejeros nacionales como López Obrador, como adherentes.

“Hay elementos, hay pruebas”, dijo el tabasqueño, de que hubo “negociaciones con funcionarios del gobierno de Estados Unidos” después de las elecciones de julio del 2012, y antes de que el presidente Peña Nieto tomara posesión del cargo, el 1 de diciembre de ese año.

En esos encuentros se habrían pactado las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, expuso, “para entregar el petróleo” y compartir utilidades con corporaciones petroleras extranjeras.

Bátiz Vázquez, ex procurador capitalino, detalló que se asentaron datos sobre cómo y cuándo ocurrieron las supuestas negociaciones, incluso con declaraciones de funcionarios de Estados Unidos que manifestaron su “interés directo” en esas reformas y cómo habrían acordado concretarlas.

Se agregó un recuento de las irregularidades en el proceso legislativo de la reforma energética, amén de que el Congreso de la Unión no estaría facultado para modificar principios fundamentales de la Constitución, como la propiedad exclusiva sobre los hidrocarburos y de electricidad como áreas estratégicas.

“De acuerdo con la teoría constitucional de las decisiones políticas fundamentales, hay decisiones que están en la Constitución, pero que sólo pueden ser reformadas por el pueblo soberano”, es el caso, citó, de los derechos humanos, el carácter de México como República y federalista.

Eso no pueden cambiarlo “y tampoco podían, aunque atropelladamente lo están intentando llevar a la práctica, no se pueden deshacer de bienes exclusivos de la nación mexicana”, afirmó Bátiz.