nurit.martinez@eluniversal.com.mx

Estudiantes de la Asamblea General Politécnica (AGP) aprobaron los cuatro documentos que presentó el gobierno federal para crear la Defensoría de los Derechos Politécnicos como órgano autónomo y garantizar que “no habrá represalias, coerción o intimidación” en contra de quienes participan en el movimiento estudiantil del Instituto Politécnico Nacional (IPN), al llegar a cuatro proyectos para resolver el paro indefinido de labores.

Se trata de los primeros acuerdos que resolverán cuatro puntos de un pliego de diez demandas estudiantiles, que deberán ser ratificados este día por la mesa de diálogo, para luego ser consultados en las asambleas de 44 escuelas y en sesión plenaria de la AGP.

La comisión bipartita redactora que sesionó desde poco después de las 11:00 horas, y seguía trabajando al cierre de esta edición, acordó proyectos de acuerdos para evitar las represalias a los participantes del movimiento estudiantil; así como para dejar fuera del Sistema Nacional de Bachillerato y de la Reforma Integral de la Educación Media Superior a las escuelas vocacionales del IPN.

También acordó dejar fuera de la coordinación del Tecnológico Nacional de México a esa casa de estudios; y que sea el Congreso Nacional Politécnico el que defina el rumbo de la institución.

Una vez avalados por los estudiantes se prevé que el próximo viernes, durante la cuarta mesa de diálogo, podrían ser firmados con el gobierno federal y poner fin a los que serán más de 50 días de conflicto.

En el auditorio Alejo Peralta, del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, ubicado en Zacatenco, cuatro representantes del gobierno federal redactaron los documentos junto a 15 representantes de la Asamblea, quienes se rotaron en grupos de tres por cada tema abordado.

Por el gobierno la mesa la encabezó el director general de Educación Superior Universitaria, Salvador Malo; el titular de la Unidad de Gobierno o de la Secretaría de Gobernación, David Garay Maldonado y Luis Vega, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública.

Debido a que no encontraron puntos de coincidencia para fijar incrementos presupuestales, la mesa de redacción propuso que el tema sea abordado nuevamente en el pleno de la mesa de diálogo.

Ahí los estudiantes reiteraron por más de una hora la necesidad de fijar un monto específico de incremento al presupuesto de la educación pero en función del PIB, para alcanzar al finalizar la administración una inversión de 8%, lo mismo que incrementar los recursos que se destinan al IPN.

El primero de los preacuerdos al que llegaron los integrantes de la comisión bipartita de redacción fue un documento en el que los estudiantes aceptarían que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, envíe un oficio a las instancias del gabinete central y ampliado, así como a la Conferencia Nacional de Gobernadores y las comisiones de derechos humanos en el país, además del director del Instituto Politécnico Nacional —aún por designar— para que se garantice la libertad de manifestación de quienes participan en el movimiento, y que se evitarán sanciones o actos de intimidación administrativas, académicas y personales.

También se prevé que una vez nombrado el director del IPN se iniciarán las gestiones para la creación de la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos “para vigilar, denunciar y promover las sanciones, en caso de existir daño físico, psicológico, académico, moral o de cualquier otra índole, que atente contra la integridad de los estudiantes y académicos”.

Con ello la Asamblea da por aprobadas dos de las demandas señaladas en el pliego entregado ante la Secretaría de Gobernación, el pasado 20 de octubre.

Luego de que en la tercera mesa de diálogo ambas representaciones acordaron integrar un grupo redactor de proyectos de acuerdos, los representantes del gobierno aprobaron que el IPN será el que defina la modificación a los planes y programas de estudio en el bachillerato.

Mientras que en el caso de los profesores de ese nivel “no habrá injerencia en la actualización y capacitación” por parte del programa de formación que respalda la Secretaría de Educación Pública.

Al cierre de la edición los integrantes de la Asamblea pidieron a las autoridades continuar con la redacción de los preacuerdos con la idea de llegar con el mayor número de documentos para la aprobación de la mesa central de diálogo. Debatían la violencia en el IPN, la existencia de los grupos porriles, la salida de la Policía Bancaria y la remuneración a los ex directores.

En función de la aprobación de esos puntos, la mesa de diálogo definirá el viernes la fecha de regreso a clases, la recalendarización del ciclo escolar y la designación del director general de la universidad.

La jornada representó así un paso más en la solución al conflicto, al considerar que hasta ayer el diálogo estaba empantanado ante la exigencia de los estudiantes de que se designe a un director, como condición para levantar el paro; mientras que la SEP insistía en que se fijara una fecha para reanudar las clases como requisito necesario para que el presidente Enrique Peña Nieto designara al funcionario que sustituirá a Yoloxóchitl Bustamante, quien tuvo que renunciar, ya que sus cambios al plan de estudios detonaron la movilización de los politécnicos.