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El acuerdo firmado entre la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y el Estado mexicano tiene tres líneas fundamentales de atención: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y el análisis técnico del plan de atención integral a las víctimas de los hechos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre pasados.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el embajador Emilio Rabasa, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), quien estuvo durante la firma del acuerdo, explica que el texto, con 13 artículos, especifica que en consulta con los afectados y el Estado, la CIDH integrará un grupo de expertos que se abocarán a realizar las tres líneas fundamentales de acción.

"Los beneficiarios de las medidas cautelares y el Estado acordaron la incorporación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes en materia de derechos humanos para realizar una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano, tras la desaparición de los normalistas", señala el artículo cuarto.

El grupo está por integrarse y en principio tendrá un mandato de seis meses. El artículo 10 señala: "A solicitud del Estado y de los beneficiarios de las medidas cautelares, la asistencia técnica dará inicio de inmediato, el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos será de seis meses y podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo".

En el análisis técnico de las líneas de investigación se revisará si se están agotando todas las líneas, particularmente los vínculos entre la delincuencia organizada y los actores estatales.

De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales y a las mejores prácticas, se recomendará qué acciones deben implementarse y el grupo interdisciplinario de expertos estará facultado para actuar como coadyuvante en las investigaciones, así como para presentar denuncias penales para la persecución del delito que corresponda ante autoridades competentes.   

El texto, en su artículo ocho, refiere que el Estado reitera su disposición de que a partir de las recomendaciones emitidas para este caso se fortalezcan las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como las de investigación en casos de desaparición forzada en general.

Dentro del análisis técnico del plan de atención a las víctimas que hará el grupo de especialistas se solicitará la intervención del Estado para desarrollar una estrategia de atención integral a víctimas y familiares.

"De ser el caso y conforme a los más altos estándares internacionales, a las mejores prácticas regionales y a la Ley General de Víctimas, recomendar qué acciones deben implementarse para brindar la atención y reparación integral a las víctimas y sus familiares", se precisa en el texto. 

Será previsiblemente la próxima semana, siguiendo con los procedimientos internos de la firma de acuerdos de la OEA, cuando se ratifique el acuerdo por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza.

El documento fue suscrito por el embajador Emilio Rabasa; la subprocuradora Mariana Benítez Tiburcio, en representación de la PGR. Por parte de la CIDH, el comisionado James Cavallaro, relator para México, y Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en representación de beneficiarios.

"La firma de este acuerdo representa un gran acto de transparencia del Estado mexicano, que no oculta nada de las investigaciones en el caso, tan es así que acepta que un grupo de expertos de un organismo internacional vengan a México a realizar esas tres líneas de acción. No hay más apertura que eso. Además, en un mundo donde se habla de derechos humanos, México ratifica su convencimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muy pocos harían algo como esto", dijo Rabasa.

El nombre completo de lo firmado es Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl isidro Burgos' de Ayotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre los derechos humanos en la región.

La CIDH dijo en un comunicado que cualquier apoyo técnico incluirá "medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas", las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Iguala.

Por su parte, el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, sostuvo en Ginebra un encuentro de trabajo con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, a quien actualizó el estado de las investigaciones del caso.