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La Asamblea General Politécnica (AGP) aceptó el diálogo con el gobierno federal bajo tres condiciones, entre ellas, que el Congreso Nacional Politécnico sea el medio para democratizar y refundar a la institución, así como que las Vocacionales queden excluidas de la reforma del bachillerato.

En caso de aceptar las condiciones que incluyen garantías de que no habrá represalias, coerción ni intimidación a estudiantes, académicos y personal administrativo que ha participado en el conflicto que hoy suma 28 días de paro indefinido, la asamblea sugirió que la mesa de diálogo se podría realizar este jueves.

La Asamblea aprobó también participar en el llamado Día de Acción Global, en la marcha nocturna del miércoles, Una Luz por Ayotzinapa, Guerrero, que se realizará del Ángel de la Independencia al Zócalo, así como apoyar, de manera solidaria, la concentración interuniversitaria que demanda castigo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas.

Tras recibir el documento en la Secretaría de Educación Pública, Fernando Serrano Migallón, el subsecretario dijo: “a la brevedad posible tendrán nuestra respuesta”.

Después de una asamblea que duró seis días, una comisión de 15 jóvenes politécnicos entregó el documento de cuatro cuartillas de respuesta en las secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, en la Cámara de Diputados y en el Palacio Nacional.

La Asamblea, que sesionó desde el miércoles pasado hasta las 6 de la mañana de ayer, en diferentes sedes y con varios recesos, dice en el documento “aceptar la interlocución”, que se transmita por Canal 11 y los medios que los estudiantes crean convenientes.

Las tres condiciones para esa mesa de diálogo sugerida por la SEP en el documento del 14 de octubre pasado son que se constituya el Congreso Nacional Politécnico como la instancia en la que se “discutirá el proceso de democratización de la organización y el proyecto de educación e investigación del Instituto Politécnico Nacional; emitirá resoluciones de carácter vinculante y refundacional, que serán acatadas por las autoridades del instituto y autoridades del gobierno correspondiente”.

La segunda condición es que el gobierno de la República e instancias como la Procuraduría General de la República, las que integran el Consejo Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el gobierno del Distrito Federal e instancias del mismo tipo pero a nivel de las entidades, garanticen que no habrá represalias, coerción ni intimidación en contra de los alumnos, académicos ni trabajadores administrativos que participan en el movimiento.

Para ello demandaron que eso se apruebe por escrito y sea publicado tanto en el Diario Oficial de la Federación como en la Gaceta Politécnica y en los diarios de circulación nacional.

Además de que se cree la Defensoría Politécnica de los Derechos Individuales y Colectivos, que sea una instancia que tenga autonomía de las autoridades y órganos del IPN para que “vele por la seguridad de los involucrados en la organización estudiantil”, además de tener funciones de vigilancia, denuncia y sanciones.

La tercera condición es que se garantice que las 16 escuelas Vocacionales queden excluidas de la reforma integral de la Educación Media Superior, impulsada por la SEP desde 2008.