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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio entrada a un recurso legal, interpuesto por el PRD, para determinar si la figura de la consulta popular puede ser aplicada o no para contrarrestar la reforma energética aprobada en diciembre pasado.

La causa, impulsada por los senadores del PRD Alejandro Encinas, Manuel Camacho Solís y Mario Delgado, se aceptó bajo un recurso denominado “consulta-trámite”, figura inédita para la Suprema Corte.

Con ello, se busca saber si la consulta popular puede dar marcha atrás a las modificaciones realizadas por el Congreso a los artículos 27 y 28 constitucionales.

El ministro presidente de la Corte, Juan Silva Meza, dio entrada al recurso, y lo hizo de conformidad con la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

El texto en cuestión establece en su párrafo segundo: “En caso de que el presidente (de la SCJN) estime dudoso o trascendente algún trámite, designará a un ministro ponente para que someta un proyecto de resolución a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder”.

De acuerdo con lo anterior, y luego de recibir la petición el pasado 4 de febrero, Juan Silva Meza asignó el caso, dos días después, al ministro Alberto Pérez Dayán, quien decidirá si admite o no el recurso interpuesto por los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.

Manuel Camacho Solís, Alejandro Encinas y Mario Delgado apoyan su solicitud en la reforma constitucional del 9 agosto de 2012, que reguló la consulta popular en la fracción VIII del artículo 35 constitucional, que dice: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la consulta que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la consulta”.

Esto, debido a que se trata de un trámite inédito, y los plazos para su resolución no están claros.

Sin embargo, la falta de una ley secundaria sobre la consulta popular, pese a estar plasmada en la Constitución, podría hacer que el caso —de ser admitido por el ministro Pérez Dayán— tomara más tiempo del habitual.

Por su parte, la dirigencia del PRD aseguró a principios de enero que una de las prioridades para sus bancadas en el Senado y en San Lázaro era, justamente, una reglamentación en materia de consulta popular.

Durante la primera semana de este mes, la bancada del sol azteca en el Senado presentó la iniciativa para expedir la Ley Federal de Consulta Popular, que propone que sea el Instituto Electoral Nacional (INE) el organismo encargado de llevar a cabo la referida consulta.

De esta forma, el PRD se moviliza legislativa y judicialmente en contra de la reforma energética aprobada en diciembre de 2013.