La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha exonerado a funcionarios de alto nivel, señalados por incurrir en irregularidades.

Además de Alejandra Sota, ex vocera de Felipe Calderón, también están casos como el del contralmirante Francisco Gerardo Martínez Pastelín, quien fue investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre el 1 de diciembre de 2006 y el 31 de julio de 2012, la Función Pública recuperó por multas a servidores públicos apenas 25 millones 271 mil 836 pesos.

La SFP sancionó a 50 mil servidores. Sólo nueve mil fueron motivadas por irregularidades graves, dos mil casos llegaron al Ministerio Público y sólo 100 fueron a parar a la cárcel. La Auditoría Superior de la Federación auditó en 2011 a la SFP y corroboró que no argumenta bien en tribunales y deja pasar meses o años sin presentar las pruebas contra los acusados.