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MORELIA, Mich.— Paralelamente al cerco para dar con los líderes de Los Caballeros Templarios, los gobiernos federal y local intensifican las acciones para darles “en donde más les duele a las estructuras del crimen organizado”, es decir, a sus finanzas, como sucedió la semana pasada con el golpe a la explotación de mineral, que derivaba en ganancias de entre 200 y 300 millones de dólares mensuales, con lo cual se avanza en las averiguaciones previas para “llegar hasta donde se tenga que llegar”, incluyendo a funcionarios públicos, si es que incurrieron en acción o en omisión.

Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán sostuvo en entrevista: “Es un golpe brutal porque se tenía conocimiento de que su principal fuente de financiamiento pasaba por las minas y con ésto, es el punto de partida, les cortamos un brazo y ahora hay que ir a otros puntos donde sabemos que han obtenido recursos”.

Entre estos puntos, el agrícola en la producción de aguacate y limón, en la explotación de madera, extorsiones, así como el cobro y derecho de piso. “Por lo pronto en esta parte de las minas, que es muy importante, debemos terminar de fortalecerlo, realizar las diligencias pendientes y ubicar a los responsables”. Y entre los delitos que se pueden sancionar está el que se hizo contra el consumo y riqueza nacional.

Involucran a seis chinos

Sobre la situación de las seis personas de origen chino que fueron encontradas durante los operativos de la semana pasada, Alfredo Castillo informó que ya no se encuentran en el país.

Cinco de ellos no tenían la autorización para realizar ese tipo de actividad, y otro tenía visa de turista, por lo que se le dieron 10 días para abandonar el país. Paralelamente se verificarán las razones sociales de algunos establecimientos donde están personas de origen chino.

Castillo Cervantes, informó hace una semana que como resultado de un operativo en 11 patios de acopio, ubicados en el Puerto de Lázaro Cárdenas, así como en otros en la zona colindante del estado de Guerrero, fueron embargadas de manera precautoria 119 mil toneladas de mercancía, así como 124 maquinarias pesadas de procedencia extranjera. Al tiempo de que fueron encontrados los seis chinos.

Las máquinas eran utilizadas para procesar y transportar minerales, correspondientes a nueve patios, de las cuales no se ha acreditado su legal estancia en el país. Se trata de tractocamiones, retroexcavadoras, transportadoras, entre otras.

Los patios continúan cerrados y con sellos de clausura, sólo en el denominado Palos se encuentra afuera un hombre de seguridad que cuida que los sellos no vayan a ser quitados por alguna persona ajena y para vigilar que alguien vaya a ingresar para robar.

Intervienen fuerzas armadas

Este hombre, quien prefirió el anonimato, comentó que la actividad en el lugar venía bajando desde noviembre pasado y que fue desde hace dos semanas cuando comenzaron las visitas de elementos de la Armada de México para preguntar por el lugar y el dueño.

“Pero a él ni nosotros lo conocíamos”, mencionó en referencia a las 20 personas que dijo trabajaban ahí y aseguró que desde que labora en dicho en lugar— hace dos años—, no ha sabido que el propietario vaya a ese sitio.

Fue la semana pasada cuando regresaron elementos de la Armada y arribaron empleados, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). De esta última dependencia pusieron los sellos de clausura.

El encargado de la seguridad comentó que en el patio de enfrente, el JJA, también clausurado desde hace más de una semana, fue cerrado por los encargados y ningún empleado ha ido ahí desde entonces.

Comentó que el material extraído de las minas era llevado al lugar en camiones de volteo y ahí se encargaban de tritularlo y posteriormente llevarlo a los patios fiscales del puerto donde posteriormente era subido a embarcaciones chinas.

Alfredo Castillo comentó que la Secretaría de Marina comenzó a tener conocimiento de esta actividad, misma que se considera presuntamente irregular, por lo que se inició con las investigaciones en donde participaron diversas dependencias, como la referida, Defensa Nacional, Procuraduría General de la República, Profepa, el Instituto Nacional de Migración, así como la Secretaría del Trabajo.

Se fueron detectando diversas irregularidades y quejas de empresarios que cuentan con concesiones y papeles en regla, pues señalaban que mientras ellos estaban en orden y cumplían con sus compromisos fiscales, había otros que actuaban fuera de las normas en lo que se refiere al acopio y almacenamiento de cantidades grandes de mineral.

En éstos, conocidos como patios, explicó que realizaban función de acopio y almacenamiento, de una extracción irregular en minas. Y una vez procesados actuaban para legalizarlos e ingresarlos a los patios fiscales para exportarlos, en donde se utilizaban documentos y concesionarios falsos.

Entre las irregularidades encontradas, fue que la Semarnat, a través de la Profepa, detectó que no existían manifestaciones de impacto ambiental. No tenían permiso de cambio de uso de suelo, hay sustancias tóxicas, cambio al equilibrio al medio ambiente y deforestación.

En tanto, el conflicto en Michoacán se resolverá poco a poco y la paz se alcanzará “en el menor tiempo posible”, consideró Castillo.