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El Estado mexicano implementará las medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito de proteger a la víctima y testigo de los hechos ocurridos en Tlatlaya, Estado de México.

Ayer se reunieron autoridades de las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, junto con los representantes y la víctima beneficiaria de las medidas cautelares, para determinar el procedimiento.

“En esta reunión se acordaron las acciones de atención y ayuda inmediata, así como la ruta a seguir para su implementación”, informó anoche la Secretaría de Gobernación a través de un comunicado.

El Estado mexicano, señaló, reconoce a la víctima y testigo sus aportaciones para el avance de las investigaciones y asume el compromiso de su protección y atención integral.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externó preocupación de que las instancias internas en México no hayan atendido el tema con prontitud y fueran los medios a través de testigos, los que colocaron el tema en la agenda.

Por su parte, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández, pidió al gobierno mexicano implementar las medidas correctivas y sancionar a los responsables pero, sobre todo, “de la corrección de los elementos, herramientas, detonantes que hacen hechos como el de Tlatlaya”.

Rechazó que la eliminación del fuero militar sea la solución para evitar las ejecuciones extrajudiciales, al acudir ayer a la Cámara Baja a la reunión con la Comisión Especial.