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Entrevista. "No se puede resolver al vapor"

Liliana Alcántara| El Universal
Lunes 08 de septiembre de 2014
<b>Entrevista.</b>

ARGUMENTOS. Un caso puede tardar años, dice Raúl Plascencia. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )


liliana.alcantara@eluniversal.com.mx  

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, rechazó que durante su gestión haya menos resultados a pesar de tener mayor presupuesto —como señalan organizaciones civiles—, y sostuvo que una recomendación puede tardar años en emitirse, por el trabajo de investigación que se realiza.

A dos meses y una semana de que concluya su gestión, aseguró que las acciones de promoción, protección y defensa de los derechos humanos se han incrementado en la misma medida que el presupuesto asignado.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que las recomendaciones son paradigmáticas y tienen un mayor impacto porque salen a la luz pública, “pero no es la única tarea que realiza la comisión”.

En cuanto al tiempo que le toma a la CNDH emitir recomendaciones, determinar que sí existieron violaciones a las garantías fundamentales de un quejoso por parte de alguna autoridad, explicó que cada caso es distinto, y que en efecto, algunas pueden tardar años en emitirse debido a la complejidad de los asuntos porque hay que reunir evidencias fotográficas, videos y testimonios.

Señaló que hay investigaciones como las que se hacen, por ejemplo, en el tema de las personas víctimas de desaparición forzada en las que “no se pueden hacer pronunciamientos al vapor y deben estar bien sustentadas”.

“En una institución como ésta, cualquiera quisiera que esto funcionara como una máquina, en donde todo fuera resuelto en cierto tiempo. Sin embargo, cada asunto tiene una dinámica distinta, de tal manera que no se puede generalizar”, expuso.

Plascencia Villanueva destacó que el número de quejas creció 70% al pasar de 29 mil 904 casos en 2009 hasta alcanzar los 50 mil 184 entre enero y agosto de este año. “Esto refleja que hay una mayor dinámica y que cada vez más un grupo mayor de personas se acercan a la comisión”.

Sobre la labor del organismo nacional a su cargo, informó además que ha aumentado el número de casos de violaciones a los derechos humanos que se solucionan por la vía de la conciliación, al pasar de mil 254 en el 2009, a tres mil 849 en lo que va de 2014.

Dijo que otras de las acciones encaminadas a promover los derechos humanos y prevenir abusos también se incrementaron.

En el caso de las capacitaciones que se imparten a funcionarios públicos, el ómbudsman nacional detalló que éstas pasaron de 55 mil 638 en 2009 a un millón 505 mil 264 durante los primeros ocho meses de este año.

Las publicaciones, añadió, crecieron de tres millones 723 mil 861 en 2010 a siete millones 478 mil 491 en el año en curso.

Reformas estructurales

Sobre la petición de algunas organizaciones civiles para que el presidente de la CNDH presente ante la Suprema Corte de Justicia recursos de inconstitucionalidad contra las reformas estructurales, específicamente en materia de telecomunicaciones y la energética, Plascencia opinó que no lo ha hecho porque no ha encontrado elementos que indiquen que se violan derechos humanos.

“(El recurso de inconstitucionalidad) se ha ejercido en todos los casos en donde hemos observado que existe violación a los derechos humanos por una reforma legal, pero hay otros casos en los que no. Lamento mucho que en algunos casos haya una divergencia de opiniones en los que algunos observan inconstitucional, lo que esta comisión no alcanza a identificar”, añadió.

Indicó que la CNDH tiene una Dirección General Jurídica que analiza con detenimiento y cuidado cada caso porque “no se trata de hacer pronunciamientos buscando un protagonismo sino buscando tener la razón”.

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones “es evidente que ningún órgano del Estado logró interponer una acción y en esta comisión coincidió que no encontramos elementos”.

En el caso de la reforma energética, señaló que el plazo para presentar dicho recurso vence esta semana. “Lo estamos revisando detenidamente, pero hay que tener en cuenta que la Constitución me faculta sólo en casos donde la ley afecta derechos humanos, pero en principio diría que una ley energética no tiene que ver con los derechos humanos por su propia naturaleza”.



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