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La estratega y analista jurídica, María Sánchez de Tagle, de Fundar, dijo que las oficinas gubernamentales deben justificar con argumentos válidos las negativas de acceso a la información.

Esto porque no hay justificación para negar información sobre la cancelación de créditos fiscales.

“En 2010 solicité al SAT los datos, incluido nombre, monto y fundamentos de los créditos que fueron cancelados de manera masiva. El SAT negó la información porque está protegida por el secreto fiscal”, recordó.

De acuerdo con la analista, ante la negativa de la institución por informar sobre la cancelación, que asciende a los 73 mil 960 millones de pesos, Fundar decidió dar la batalla legal.

“Las razones de interés público sobraban. Fundar promovió un juicio de amparo por violaciones al artículo 6 constitucional, que contempla el derecho de acceso a la información y fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde ocho de 10 ministros consideraron que se tiene que revisar caso por caso”, dijo.

Ante las resoluciones del SAT, María Sánchez urgió a trabajar en una ley modelo de acceso a la información que reglamente la reforma fiscal en materia de transparencia, debido a que la dependencia “invirtió fuerza y trabajo para litigar este caso”.

La condonación y cancelación de créditos fiscales han causado controversia al inicio de este año con la reforma hacendaria, pues aunque se aprobó la publicidad de la información, ésta será a partir de 2014.