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Human Rights Watch (HRW) advierte que en México “la débil aplicación de la ley” propició el surgimiento de las autodefensas, un fenómeno que se suma a otras preocupaciones de la organización sobre el país, como la persistencia de las desapariciones forzadas en las que están involucrados agentes del Estado, así como la tortura y la impunidad, de acuerdo con el informe que presenta hoy sobre los desafíos en materia de derechos humanos a nivel mundial.

El documento incluye un capítulo sobre México en el que HRW señala que “miembros de las fuerzas de seguridad han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el ex presidente Felipe Calderón diera inicio a la ‘guerra contra el narcotráfico’” y alerta que se continúan perpetrando durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, “en algunos casos en colaboración directa con organizaciones delictivas”.

La organización recuerda que en febrero de 2013 el actual gobierno reconoció que más de 26 mil personas habían sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de 2006, y aunque en mayo de ese año creó un área especial en la Procuraduría General de la República (PGR) dedicada a investigar desapariciones, “al momento de la redacción de este informe no había demostrado adelantos significativos en las investigaciones penales o la búsqueda de víctimas”. Critica además que México “todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes”.

Persiste impunidad

También insiste en la prevalencia de la impunidad de los abusos militares a pesar de “violaciones de derechos humanos generalizadas” desde que el Ejército participa en tareas de seguridad, pues entre diciembre de 2006 y mediados de septiembre de 2013 la CNDH recibió 8 mil 150 denuncias de abusos cometidos por elementos castrenses, y emitió recomendaciones sobre 116 casos en los cuales determinó que participaron en graves violaciones de derechos humanos.

A pesar de que la Procuraduría General de Justicia Militar inició más de 5 mil 600 investigaciones de presuntos abusos cometidos por soldados contra civiles —entre enero de 2007 y mediados de 2013—, hasta octubre de 2012 sólo habían sido condenados 38 militares por violaciones graves a garantías.

HRW también destaca que “es común que en México se practiquen torturas para obtener información y confesiones bajo coacción. En general, se aplican durante el periodo desde que las víctimas son detenidas arbitrariamente hasta el momento en que son puestas a disposición de agentes del Ministerio Público, y en el cual a menudo son mantenidas incomunicadas en bases militares u otros centros de detención clandestinos”.

Expone que “las tácticas más frecuentes incluyen golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y tortura sexual. Son muchos los jueces que aún admiten confesiones obtenidas mediante tortura, a pesar de que existe una prohibición constitucional contra este tipo de prueba”.

Advierte que a pesar de que la PGR aplicó en 302 casos el Protocolo de Estambul —para evaluar el estado de personas que posiblemente han sido víctimas de tortura o maltrato— entre los años 2003-2012, y encontró signos de tortura en 128, en ese mismo periodo solamente inició 39 investigaciones de tortura y ninguna de estas terminó en procesos en los cuales se impusieran condenas.

Entre enero y septiembre de 2013, la CNDH recibió más de 860 denuncias de tortura y trato cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios federales.

También, HRW advierte que “en México, la débil aplicación de la ley ha contribuido al surgimiento de nuevos grupos de autodefensa ciudadana armados en algunas regiones del país”, con lo que alude al actual conflicto que se vive en Michoacán con la expansión de la presencia de estas organizaciones civiles.

Reprocha que “el sistema no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos, por corrupción, capacitación y recursos insuficientes, y la complicidad de agentes del Ministerio Público y defensores de oficio”.