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El gobierno mexicano ha fallado en materia migratoria porque no ha garantizado el respeto a los derechos humanos de las personas indocumentadas que atraviesan el territorio nacional y que se enfrentan a múltiples abusos y corrupción, manifestó el investigador Mauricio Farah Gebara.

El también secretario general de la Cámara de Diputados, señaló que la muerte anual de alrededor de 400 mexicanos en su intento por cruzar la frontera con Estados Unidos, los cerca de 20 mil migrantes de Centro y Sudamérica que son secuestrados en su paso por México y el incremento del flujo de niños no acompañados son un reflejo de la crisis humanitaria ante la cual no han podido responder las autoridades mexicanas.

Al presentar su estudio sobre la Migración entre México y Estados Unidos, el experto dijo que es momento para que los países logren acuerdos en la materia.

En el reporte elaborado a petición del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM documenta los abusos que se cometen contra los migrantes y la forma como ambos gobiernos han afrontado la situación.

En conferencia, Farah Gebara consideró que ni México ni Estados Unidos han abordado este asunto de manera adecuada, pues más que atender las causas, están enfocando sus políticas a mitigar los efectos de este fenómeno y todavía se violan los derechos humanos.

El diputado señaló que desde hace 50 años la política migratoria de ambos gobiernos está basada en la contención, persecución y expulsión de migrantes.

Subrayó que estas acciones, lejos de resolver la problemática, agudizan la violencia y los abusos contra los migrantes, quienes son víctimas de delitos como homicidio, secuestro y extorsión.

Resaltó que se deben atender las causas que generan la expulsión de miles de personas de sus lugares de origen, pues se ha visto que, pese a los riesgos que corren en su travesía y la violencia de la que son víctimas, los migrantes siguen en su intento por llegar a Estados Unidos.

El gobierno de México, propuso, debe realizar acciones eficientes de prevención, investigación y sanción pronta y expedita a los delitos contra migrantes indocumentados mediante la creación de una fiscalía, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).

El ex visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también consideró que se deben fortalecer los lazos con los consulados de los países de origen de los migrantes que transitan por la República Mexicana para que, en caso de ser asegurados por las autoridades migratorias, puedan contar con la representación y asesoría que requieren para salvaguardar sus derechos.