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LOS ÁNGELES.— Era 2001 cuando Victoria García cruzó la frontera desde México hacia Estados Unidos. No sabía por cuánto tiempo se iba a quedar, y de hecho no venía de buen talante. Su pareja en aquel momento había pasado la mayor parte de su vida en ese país, y tras vivir unos años en México deseaba regresar. Victoria, originaria de Montevideo, Uruguay, aceptó a regañadientes la mudanza.

Trece años después, Los Ángeles es el hogar de Victoria. La visa de turista con la que entró venció unos meses más tarde, pero para entonces ella ya tenía empleo y había descubierto el espacio al que hoy pertenece: donde encontró a su familia de vida y un ambiente para ser ella misma. Hoy, EU es su país, aunque no tenga un papel que así lo diga.

Trece años es el tiempo promedio que llevan viviendo en EU los 11.3 millones de inmigrantes indocumentados, según un estudio recién publicado por la organización Pew Research Center (PRC).

De estos 11.3 millones, 10.4 son adultos y el resto menores. De la cifra de adultos, 62% ha vivido en EU 10 años o más, 21% por dos décadas o más y únicamente 15% ha estado menos de cinco años.

Para la mayoría de ellos esto representa toda una vida: de los 11 millones, cuatro millones tienen uno o más hijos que son ciudadanos estadounidenses.

Este tiempo promedio de estancia no era tan elevado hace unos años; una década atrás, en 2003, la media era ocho años. Un factor que ayuda a explicar este crecimiento es el reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera, particularmente después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los migrantes que anteriormente trabajaban por un tiempo en EU y volvían por unos meses a sus países de origen para después regresar al norte, rompieron este ciclo al elevarse el costo y el riesgo del cruce fronterizo sin papeles.

Ello indica que quienes viven en EU sin documentos tienden a ser residentes de largo plazo, a establecerse, incorporarse al aparato productivo y formar una familia con hijos nacidos en ese país: 38% de los adultos indocumentados tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses; tres de cada cuatro de estos padres de familia han vivido en el país por más de 10 años.

Las cifras de PRC salen a la luz justo cuando desaparece la posibilidad de que Barack Obama anuncie una orden ejecutiva para detener de manera temporal las deportaciones, opción que el presidente evalúa desde agosto pasado. Hace unos días, la Casa Blanca informó que la decisión de Obama en ese sentido se dará a conocer hasta después de la elección de Congreso en noviembre, lo cual ha despertado una airada reacción por parte de la comunidad proinmigrante.

La facultad de emitir una orden ejecutiva ya fue ejercida por el mandatario en junio de 2012, cuando anunció el programa de Acción Diferida para los jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo menores de 15 años. Bajo esta medida, cerca de 700 mil de esos chicos han sido beneficiados con un número de seguro social y un permiso de trabajo temporal; pero el riesgo de deportación de sus padres indocumentados sigue ahí.

Padres vulnerables

Marisela Morales es originaria de Oaxaca; tiene 36 años y llegó hace una década a EU. Tiene dos hijos que nacieron en ese país, de ocho y seis años. A pesar de su corta edad, sus hijos saben que la situación migratoria de su mamá no es regular. Marisela les explicó por qué, aunque ellos quieran ir a ver su abuela a México, sus papás no pueden ir.

“Lo hemos platicado. Aún están chiquitos, pero ellos saben que nuestra situación es diferente”, explica Marisela, quien trabaja en el área contable de una organización y como representante de la empresa Amway. “Nadie espera una separación. Yo trabajo todo el día, salgo desde la mañana y llego hasta la noche, pero tienes la esperanza de que están ahí, de que los vas a ver cuando llegues. Para los papás que son separados de sus hijos la situación es muy dura, los hijos son el motor por el que estás trabajando aquí. Si te arrebatan eso, te arrebatan la vida, porque tu vida ya está aquí”.

El tema de las familias de estatus migratorio mixto es uno de los más complicados cuando se habla de legislación migratoria. ¿Cómo proteger el derecho de los ciudadanos estadounidenses menores de edad a vivir en una familia estable, cuando uno, o los dos padres son indocumentados?

En EU, el número de menores, hijos de indocumentados, que son ciudadanos estadounidenses, es considerablemente mayor que el de los niños que no lo son. En 2012, existían en el país 775 mil menores que ingresaron al país sin documentos, mientras que los niños nacidos en EU —y que por ley son ciudadanos estadounidenses— con padres indocumentados alcanzaron 4.5 millones. Cada uno de ellos representa potencialmente una familia separada por la deportación.

El debate sobre la protección de los padres indocumentados para evitar la separación familiar se complicó recientemente con la llegada de miles de niños migrantes no acompañados.

En los últimos meses, el porcentaje de población que estaría a favor de algún tipo de regularización migratoria para los indocumentados disminuyó, aunque sigue siendo una ligera mayoría: 53% a favor, contra 45% en contra, según una encuesta de la cadena NBC y el diario The Wall Street Journal.

Toda una vida

“Yo no vine en busca de ningún sueño americano, pero las cosas cambiaron y hoy soy una enamorada de esta ciudad”. Victoria habla de la forma en la que construyó su vida en EU. Pocos meses después de llegar a Los Ángeles se separó de su pareja, la razón por la que llegó a ese país, pero para entonces ya dominaba algunas palabras en inglés, tenía un empleo, había superado una fuerte depresión y se sentía en casa. “Decidí quedarme cuando me di cuenta de que no había cruzado todo el continente para nada. Sentí que algo había aquí para mí”.

Lo que había para ella, lo encontró. Durante ocho años fue parte de un programa escolar en una organización sin fines de lucro; trabajaba con niños. La familia de una de las menores buscó alternativas para regularizar la situación migratoria de Victoria. No hubo éxito.

“Quienes se oponen a la reforma migratoria son quienes saben menos de migración. No saben que la falta de regularización no sólo obstaculiza el desarrollo del inmigrante, sino a sus familias, a ciudadanos y a residentes legales”, comenta Unai Montes-Irueste, representante de Comunicación del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU).

Según cifras de SEIU, los estados que han aprobado legislaciones para proteger los derechos de trabajadores inmigrantes, son los que han logrado una mejor recuperación económica tras la crisis. Un caso modelo, explica el funcionario, es el aplicado en Utah en 2010, con la iniciativa Utah Compact, mediante la cual líderes, activistas y empresarios dieron prioridad al reconocimiento de las aportaciones económicas de los inmigrantes y a evitar la separación familiar.

“Hoy ese estado tiene una comunidad inmigrante productiva”, explica Montes-Irueste. “En contraste, en Alabama, donde se han dado medidas antiinmigrantes, hay una tasa de desempleo por arriba de la media nacional y una caída dramática en la producción agrícola”.

La decisión final

Tras la crisis de 2008, Victoria perdió su empleo y pasó un año difícil. Cuando consideró volver a Montevideo fue cuando confirmó que su casa estaba en EU. Hoy ha recuperado la estabilidad.

“La principal razón por la que me quedé es por la diversidad que hay en este país”, explica, refiriéndose a la libertad que encuentra siendo homosexual.

“En mi país, Uruguay, en este momento existe el matrimonio igualitario, pero yo me siento más protegida aquí, menos expuesta a la homofobia que en Uruguay. En este país no puedo acceder a ciertos trabajos y a veces me frustro, pero nada es suficientemente fuerte para que quiera irme. Por lo que veo, ni el presidente, ni el Senado, ni las organizaciones pueden hacer algo, pero a veces pienso que si los casi 12 millones que somos alzáramos la voz, todo sería diferente”.