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Olga Sánchez Cordero aparece en su despacho de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la sonrisa y cordialidad que la caracteriza: “Soy muy jin (femenina, positiva)”. Pero su mirada refleja la nostalgia de quien en un año deja la posición que ocupó por décadas en defensa de derechos como el de la mujer a interrumpir su embarazo o las bodas gay.

La ministra decana se alista para recibir la Medalla al Mérito Cívico Eduardo Neri, Legisladores de 1913, la cual se le otorga sin el consenso de todos los legisladores: “No cuestionaron mi honorabilidad como ministra, el tema fueron mis votos a favor del aborto. Yo no soy abortista, pero he pensado y sostenido toda la vida que no hay por qué penalizarlo (...) No nos podemos erigir en Dios para juzgar cuál es el motivo que lleva a una mujer a tomar una decisión tan dura y difícil”.

La ministra, quien desde el máximo tribunal ha visto cuatro sexenios, considera que “este gobierno es reformador” y destaca el papel fundamental de la Corte para la aplicación de esas reformas. Y advierte que “no hay marcha atrás en el avance de los derechos humanos”.

En relación a la desaparición y asesinato de normalistas de Iguala, Guerrero, y el uso excesivo de fuerza por parte de militares en Tlatlaya, Estado de México, la ministra llama a “dignificar las instituciones” de México y recobrar el respeto por la condición humana.

—¿Cree que tengan condición humana quienes realizan estos crímenes?

—Mi mensaje es rescatar la condición de humanidad en todos los ámbitos, tanto de la vida pública como de la privada (…) Todos tenemos que respetar la dignidad, máxime si somos autoridades.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Sánchez Cordero habla de los casos más difíciles que le ha tocado revisar: Fobaproa, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y el expediente de la francesa Florence Cassez, entre otros. Todos los expedientes polarizan a la sociedad.

“No resolvemos a contentillo del público ni con base en la opinión pública, por eso somos una Corte Suprema, porque no vamos a resolver por encuestas o por opinión”, afirma.

Y en medio de la efervescencia política que hay en la SCJN por la sucesión del actual presidente, Juan Silva Meza, a concretarse el 2 de enero, es cauta y trata de esquivar las respuestas relacionadas con el tema. Ella no puede participar, pero su voz vale, dará un voto: “Voy por el mejor proyecto”, dice.

Reconocimiento. La ministra Sánchez Cordero recibirá hoy la Medalla Eduardo Neri y Legisladores 1913, durante una sesión solemne en la Cámara de Diputados. Relata su impresión sobre el desacuerdo político en torno al tema.

No hubo consenso en la entrega de la medalla

—El tema fue que algunas personas no han entendido bien mi posición en relación a estos temas, concretamente al aborto. Yo lo único por lo que he luchado y seguiré luchando hasta que me muera, es para que las mujeres no estén sujetas a un proceso penal por abortar y, además, para que no vayan a ser privadas de su libertad.

Añade que “yo no soy abortista, simplemente lo único que he pensado y sostenido toda la vida es que no hay por qué penalizar el aborto; porque además es altamente discriminatorio, porque a quien embaraza no le pasa nada y no estará sujeto a un proceso penal. No es una cuestión moral ni filosófica; es una cuestión de penalizar a la mujer”.

¿Es el coto de las convicciones?

—Mis batallas son mías, y cada ministro las tiene. Si algo quiero que se quede como legado como ministra, notaria y académica es la perspectiva de género en todos los trabajos donde he estado, sobre todo en la Corte.

¿No pesó lo de Cassez?

—No, ya quedó en el olvido.

¿Ha visto varios gobiernos?

—Cuatro gobiernos. Vi todos los cambios: la transición democrática y me toca ver el regreso del PRI. Tres años de este gobierno.

¿Coincide con quienes dicen que este gobierno es reformador?

—Es un gobierno reformador, están todas las reformas constitucionales, sería tan obvio como decir que hay reformas estructurales importantísimas.

Otras voces temen el regreso del autoritarismo.

—La Corte ha sido un factor decisivo en el balance de los derechos humanos y por otra parte las acciones de gobierno en materia de combate al crimen. Pero también ha sido determinante en materia de controversias y acciones de inconstitucionalidad y no se diga para el avance y aplicación de derechos humanos en nuestro país. Yo creo que en ese sentido, no hay temor, pienso.

“No puede ser regresivo el avance en todos los aspectos, en materia de libertad de expresión, en materia de derechos fundamentales, incluso, de la protección a la vida, a la libertad, en todas sus expresiones, libertad de creencias, porque ya no hay marcha atrás en este avance de derechos humanos. Ya no la hay”.

¿Qué piensa de lo sucedido en Iguala y Tlatlaya?

—Hemos perdido el sentido de condición humana. Hemos perdido nuestra condición de humanidad. ¿Tú crees que tengan una condición de humanidad quienes cometieron estos crímenes? No la tienen. ¿Tú crees que respetaron la condición humana de los que asesinaron? No la tienen. ¿Cuál es mi mensaje? Rescatar la condición de humanidad en todos los ámbitos tanto de la vida pública como de la vida privada.

¿Y la actuación del Ejército?

—Todos tenemos que respetar la dignidad. Máxime si somos autoridades. Yo creo que México se dignifica si dignifica sus instituciones.

¿La Corte cómo contribuye?

—Creo que tenemos que contribuir todavía en mucho, tenemos un largo camino. Desde luego, muchos de estos sucesos llegarán a las instancias del Poder Judicial y ahí tenemos que analizar muchísimas cuestiones dentro del expediente y las pruebas que se vayan aportando. Por supuesto que llegarán. Te anticipo que tenemos que juzgar siempre con perspectiva de derechos humanos, siempre, atendiendo a las víctimas.

La Corte tiene un papel estratégico en la revisión del respeto a los derechos fundamentales.

—Se ha construido un andamiaje maravilloso entre la reformas —no sólo del Poder Legislativo, sino del Poder Constituyente y la Suprema Corte—; el Poder Judicial, porque ellos han expedido esta gran reforma constitucional y la nueva ley de amparo y el Código Procesal Único y ley de víctimas, pero sin duda alguna, si no hay estos operadores jurídicos, estos aplicadores e intérpretes de la Constitución y de las normas secundarias que hagan realidad la vigencia de los derechos, por más que existan estas leyes, por más avance legislativo y poder reformador, no habrá aplicadores jurídicos que hagan realidad los derechos, y esta es nuestra gran misión.

¿Le toca un momento interesante?

—Por supuesto que sí, pero bueno ya por mis condiciones —solamente me quedan 11 meses— no soy candidata viable.

Pero tiene un voto, ¿no?

—Claro que tengo un voto.

¿Qué tipo de presidente requiere la Corte?

—Lo hemos comentado entre nosotros. Vamos por propuestas. ¿Qué proyecto tienen? Yo votaría por quien tenga el mejor proyecto en la Suprema Corte.

¿Y si lo comparamos con el Vaticano? Allá se movieron a lo liberal.

—Déjame ver el proyecto, es lo más importante. En muchos temas disciplina, adscripciones, igualdad de género, cuál es la propuesta para que lleguen más mujeres jueces y magistradas. Es toda una política judicial... y voy por el proyecto.

¿Y cuáles son los retos del futuro presidente?

—Todos, hay una canción que dice se hace camino al andar, y es lo que hemos hecho, pero falta mucho, sobre todo en materia de derechos.

jram