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Una mayor parte de la población nacional no sabe que en Tlatlaya, Estado de México, murieron 22 personas presuntamente a manos del Ejército.

Quienes han oído hablar del hecho, en su mayoría consideran que fueron ejecutadas por el Ejército y no que fueran víctimas de un enfrentamiento.

La mayoría cree que este tipo de eventos suceden con frecuencia y no se trata de un hecho aislado, y que el Ejército no respeta los derechos humanos. Además, no tienen confianza en que la investigación que se lleva a cabo vaya a revelar lo ocurrido.

Según la encuesta telefónica de EL UNIVERSAL, aplicada del 3 al 5 de octubre, 73% no ha oído hablar de algún evento ocurrido en Tlatlaya, frente a 26% que sí conoce del hecho.

De quienes han oído hablar de las muertes, 59% considera que fueron ejecutados por el Ejército, frente al reducido 17% que opina que fueron víctimas naturales de un enfrentamiento entre delincuentes y militares.

Aunque a raíz de lo ocurrido se abrió una investigación, 51% de quienes dijeron haber escuchado del caso no saben quién realiza la indagatoria; 40% si sabe qué autoridad está al frente de ella.

A pesar de que más de la mitad ignora quién conduce las indagatorias, 66% considera que la investigación no servirá. Sólo 21% opina que revelará lo ocurrido. Además, se considera que, independientemente de la investigación, los militares no serán juzgados (50%); 39% opina que serán sometidos a proceso, y 11% no opinó.

De los consultados, 82% afirma que eventos semejantes al de Tlatlaya suceden con frecuencia en otras regiones del país, frente al reducido 12% que afirma que, por el contrario, este es un hecho aislado.

La mayoría (63%) considera que en casos como este, en el cual las víctimas son civiles, los militares deberían ser juzgados por tribunales civiles, frente a 27% que prefiere que sean puestos a disposición de tribunales castrenses.

El 54% opina que el Ejército no respeta los derechos humanos, frente a 38% que piensa que sí lo hace. El desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en este caso tampoco es aprobado por 46%, frente a 32% que sí lo avala.

El 30 de junio de 2014, una patrulla del Ejército enfrentó a un presunto grupo criminal cuyos miembros estaban armados al interior de una bodega en San Pedro Limón, Tlatlaya, al sur del Estado de México. El Ejército emitió un comunicado diciendo que las tropas fueron atacadas, que devolvieron el fuego enemigo y que como resultado 21 hombres y una mujer murieron.

A finales de septiembre, la PGR dio a conocer que acusaría del delito de homicidio a tres de ocho militares detenidos bajo cargos de infracciones al código castrense. Según la dependencia, se comprobó que los primeros dispararon injustificadamente.