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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a que las autoridades de seguridad pública y procuración de justicia se abstengan de "realizar acciones de verificación de la calidad migratoria al margen de la ley y respetar el principio de legalidad".

La Comisión lanzó "un llamado para que los elementos de esas instituciones actúen sólo en el marco de sus competencias y cumplan estrictamente con sus funciones".

La CNDH dio a conocer que durante 2013, a través de su Programa de Atención a Migrantes efectuó 2 mil 700 visitas a estaciones migratorias, albergues y lugares de alta concentración de migrantes.

En esos lugares se realizaron 9 mil 547 gestiones ante las autoridades y se atendió a más de 80 mil personas, informó la dependencia que preside Raúl Plascencia Villanueva.
A través de un comunicados dijo que dado que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, con un alto índice de migración interna, es que se hace ese llamado.

Indicó que los diversos escenarios que viven los migrantes en su paso por nuestro país derivan a su vez en distintas problemáticas que afectan a este grupo en situación de vulnerabilidad.
A causa de esas condiciones que enfrenta la mayoría de los migrantes que transitan por México, frecuentemente ponen en peligro su vida y salud y suelen ser víctimas no sólo de delincuentes sino también de servidores públicos que los extorsionan.

La CNDH reitera que de acuerdo con la Ley de Migración y su Reglamento, las autoridades policiales sólo pueden efectuar labores de verificación migratoria a solicitud expresa de servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); ello no implica que puedan realizar funciones de control y revisión migratoria de forma independiente.

La institución ha documentado como práctica común, la participación de autoridades, federales, estatales y municipales, que sin estar facultadas para ello, realizan acciones de control y verificación de la calidad migratoria.

El organismo de derechos humanos informó que la condición de migrante no es impedimento para que esas personas puedan gozar de sus derechos humanos; en todos los operativos y funciones de revisión, las autoridades deben respetar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto que marca la ley.