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CALIFORNIA.— Una fila de banderas con barras y estrellas, inmóviles bajo los 38 grados centígrados de julio, dan la bienvenida al centro de Murrieta, donde la tarde transcurre lenta. En los rincones de algunas calles el tiempo también parece detenido: la tienda de antigüedades, la oficina de correos, las pequeñas bodegas y los talleres de reparación recuerdan a un pueblo del viejo oeste. Un auto se detiene en una esquina. El conductor, un hombre de largos bigotes, lentes oscuros y sombrero, me lanza una mirada parsimoniosa antes de seguir su camino.

Murrieta es la típica pequeña ciudad all-american. Ubicada en la semidesértica región de Inland Empire, en el sur de California, el área de Murrieta y su vecina, la conurbada Temecula, son parte de un valle donde el paisaje reseco de la última franja del desierto de Sonora se convierte en una mancha verdosa salpicada por algunos grandes centros comerciales en tonos marrones y ocre. Dos grandes autopistas, la 15 y la 215, flanquean sus avenidas nombradas en honor de los padres patrios: Washington, Jefferson, Adams, Hoover, Monroe. Hay 106 mil habitantes, siete de cada 10 son de raza blanca y, en el desglose étnico, uno de cada cuatro es latino. El eslogan oficial de la ciudad es “el futuro del sur de California”.

De Murrieta no se escuchaba mucho en la televisión o en las noticias, pero eso cambió la mañana del 1 de julio pasado, cuando una turba se instaló a las orillas del camino por el que pasarían tres camiones de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) con niños migrantes indocumentados detenidos en la frontera. Los menores, algunos acompañados por adultos, fueron trasladados desde el otro lado del país para ser procesados en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza en California, debido a que en Texas los espacios resultaron insuficientes para los más de 57 mil niños que han llegado este año.

Ola de rumores

Agitando banderas y coreando consignas contra la inmigración ilegal, sosteniendo letreros que acusaban a los niños de traer enfermedades contagiosas y, por momentos, en francos arrebatos de ira, varias decenas de residentes del área bloquearon el camino y obligaron a los agentes de inmigración a volver sobre sus pasos. “We don’t want you, go home!”, gritaba una mujer fuera de sí, frente al rostro de ojos muy abiertos de un niño asomado por la ventana del camión.

“Lo que está haciendo el gobierno federal es un error, es inhumano. No puedes enviar gente de un lado a otro como si fueran animales, sin saber si están enfermos, sin darles tratamiento, sin asegurarte de que estén bien después de haber cruzado la frontera”.

Diana Serafin lanza esta acusación con indignación; utiliza intencionalmente la palabra en inglés shipping, alusiva al envío de mercancía, para referirse al traslado de los niños. Esbelta, blanca, con el pelo castaño claro enmarcando los ojos pequeños y la sonrisa amplia, a sus 63 años Diana habla con la energía de una veinteañera. El día que nos encontramos vestía una camiseta con la bandera estadounidense. 

Diana fue una de las organizadoras de la protesta del 1 de julio en Murrieta. A través de su cuenta de Twitter @DianaM620, en la que se define como “una patriota defendiendo libertades”, la activista hizo circular información sobre el arribo de los menores al pueblo. En los datos que difundió se encuentran desde presuntos contagios de sarna a agentes de la Patrulla Fronteriza, hasta páginas que afirman que terroristas islámicos ingresan a Estados Unidos por la frontera sur.

“Esto no es un asunto de atacar inmigrantes, sino de proteger a los niños. Nuestra denuncia es por las condiciones en las que los trajeron. El plan era ponerlos en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, pero ese lugar no es un albergue, es una prisión: camas de cemento y planchas de metal, una celda con el excusado ahí mismo. ¡Los iban a poner a comer junto al excusado! ¿Es esa la forma de tratar a un niño? No; nos opusimos a eso. El gobierno federal usa a estos niños políticamente, no les importa su bienestar”, asegura.

La preocupación entre los residentes de Murrieta inició varios días antes de esta protesta, cuando se supo que los menores serían trasladados. En esos eventos circuló información que sirvió para avivar la llama de la indignación: que los niños traían sarna, tuberculosis y ébola, y que no estaban siendo atendidos. Que una vez que los procesaran les darían una fecha para presentarse ante un juez de inmigración y los dejarían libres. Que si un familiar no venía por ellos los dejarían en la estación de autobuses más cercana, a su suerte. 

¿Se imagina lo que puede hacer un adolescente, desesperado, sin hablar inglés, sin dinero, sin conocer el país, ahí solo? La desesperación provoca cosas terribles. ¿Cómo es posible que el gobierno provoque una situación así?, dice Serafin. 

Un toque político

Un link en la página de Twitter de Diana lleva a su página personal. En ella, la activista anuncia su intención de contender por la candidatura para el Concejo municipal de Murrieta. En uno de los apartados aparece una lista de quienes apoyan su candidatura. Entre los nombres está el del asambleísta de California, Tim Donnelly.

Donelly, originario de Atlanta, Georgia, estudió en California y era un pequeño empresario hasta que se involucró con el movimiento ciudadano Minuteman, cuyo objetivo es vigilar la frontera para evitar el ingreso de inmigrantes. A sus 40 años, calvo, de lentes y barba de candado, Donnelly tiene una presencia agradable que seguramente le fue de ayuda cuando decidió fundar el Partido Minuteman de California, y en 2010 apelar al voto del movimiento conservador conocido como Tea Party para lograr la nominación por el Partido Republicano. Así llegó a la Asamblea.

Diana se identifica con la agenda de este funcionario, y también con la de otro más: el alcalde de Murrieta, Alan Long, un joven político conservador, residente de la zona desde los años 70 y que ha confrontado directamente la decisión del gobierno federal de enviar a los niños migrantes a Murrieta.

El 30 de junio, en conferencia de prensa, el alcalde llamó a los habitantes de la ciudad a contactar a sus congresistas y exigir que los niños no fueran enviados a la zona. Al día siguiente ocurrió el episodio violento que impidió la llegada de los menores, y un día después se celebró una reunión comunitaria a la que acudieron unas mil 500 personas.

El 3 de julio, Long envió una carta al presidente Barack Obama asegurando que los eventos ocurridos entre la conferencia y la reunión comunitaria no fueron provocados por su gobierno. Pero María Carrillo, quien es originaria de México y ha vivido en Estados Unidos desde los tres años —en el área Murrieta-Temécula desde hace 13 años—, asegura que Long hace un uso político del tema. 

“Yo estaba ahí, fui testigo de lo que pasó en esa reunión. En cuanto el alcalde llegó, felicitó a los que estaban ahí por lo que habían hecho el día anterior, por defender a su ciudad. Nosotros fuimos porque pensamos que la reunión era para hacer algo por los niños. Cuando llegamos no podíamos creer las cosas horribles que decía la gente: que los niños venían sucios, con piojos, con enfermedades. ¿Pero qué esperaban, si vienen viajando por semanas en un tren? Esta comunidad se dice cristiana, pero lo que yo escuché está muy lejos de los valores que a mí me enseñaron”, relata. 

María y su esposo Gabriel se involucraron en el asunto casi a fuerza. Carissa, su hija de 18 años, se encontraba un par de días antes en un almacén Walmart, donde ocurrió uno de los primeros enfrentamientos entre antiinmigrantes y defensores de los niños, y fue agredida de forma directa. 

“Ella sólo iba a comprar un champú y se acercó para ver qué pasaba, muy sorprendida por la violencia verbal. En el calor del enojo, uno de los que protestaban, cuando vio que era latina la empezó a insultar. Le dijo que se fuera a la ch… de ahí, y que se pusiera a lavarle el auto”. 

María asegura que fue a partir de este incidente y de lo que vio en la reunión comunitaria, que se ha sentido parte de una minoría: “Yo nunca pensaba en eso, nunca había tenido un incidente racial. Ahora entro a un lugar y me siento vulnerable. En esa reunión me di cuenta que del total de quienes asistieron, sólo tres o cuatro éramos latinos. Sé que hay muchas personas que simpatizan con los niños, pero no lo dicen en público porque no quieren que los demás los ataquen”. 

“La manera correcta”

A través de la campaña de información lanzada por Diana en Twitter, William Young supo que había acciones para “apoyar a la Patrulla Fronteriza” evitando la llegada de los niños migrantes.

Young, un hombre que cumplirá 57 años en septiembre, casado, con dos hijos y quien sirvió en la Marina durante 24 años, se describe como un cristiano conservador que no está afiliado a organización alguna, pero que comparte la filosofía de algunos grupos que se han manifestado contra el arribo de los niños.

Cuando habla sobre lo ocurrido el 1 de julio, se dice indignado con la prensa. Asegura que quienes sostuvieron las acciones más agresivas eran los menos y no eran de Murrieta. Aun así, dijo, los medios sólo buscaron sus declaraciones por ser las más escandalosas, incluido el momento en el que uno de los manifestantes escupió al cantante Lupillo Rivera, quien estaba en el lugar para dar la bienvenida a los niños. 

“Claramente hay una crisis humanitaria, pero esos niños, esas mujeres que vienen, están siendo explotados a varios niveles: son usados por sus gobiernos, por los cárteles, por los coyotes; nuestro propio gobierno los usa también. Yo no soy racista, ¿cómo voy a serlo, si soy afroamericano?”, dice. 

Una característica común une los discursos de Diana, de William y el de muchos otros opositores a la llegada de menores migrantes: están convencidos de que quienes vienen de indocumentados tendrían otra manera de hacerlo, pero prefieren tomar “el camino rápido”. 

“En un país las reglas son necesarias. Esta gente ha venido buscando opciones en EU en lugar de quedarse en su país y pelear para que su gobierno mejore la situación; si vienen, deberían hacerlo de la manera correcta”, expresa William. 

Le pregunto si sabe que ciudadanos de países como El Salvador, Guatemala o México no pueden solicitar estancia legal a través de la Visa Lotery (programa del gobierno de EU para recibir trabajadores inmigrantes de manera legal) como el resto de los países. Si no los contrata una empresa o los “pide” un familiar, para ellos no hay alternativa. 

—¿Eso es cierto? —pregunta William sorprendido—. ¿Quiere decir que no pueden ir al consulado a pedir una visa para venir a trabajar? Tras unos segundos de sorpresa, el ex marino retoma su punto: 

—¿Ve? Justamente a eso me refiero: Obama está provocando que esto pase. Ellos tendrían que hablar con los gobiernos de esos países para cambiar la ley. Mi molestia no es contra la gente, sino contra un gobierno que no hace su trabajo. 

Antes de finalizar la conversación, William me hace una última pregunta: “Y usted que parece saber, dígame: ¿Por qué si salen de Guatemala o El Salvador, vienen hasta Estados Unidos? ¿Por qué no se quedan en México? ¿Por qué México no hace nada por ayudarlos?

CONSIGNAS. "We don’t want you, go home!", gritaban manifestantes a los niños que venían en el camión. Organizadores de la protesta aseguran que los menores centroamericanos escogen "el camino fácil" para quedarse en Estados Unidos