politica@eluniversal.com.mx

En el video puede verse a un militar con un aparato de plástico provisto de una antena, caminando en un galerón que contiene ocho cajas blancas colocadas en el suelo, en línea recta. Una de éstas contiene estupefacientes y cartuchos, pero el uniformado no sabe en cuál. El artefacto es un detector molecular que supuestamente localiza drogas, armas y explosivos. Sus creadores lo comercializan con el nombre de GT200; los soldados lo llaman la ouija del diablo.

Cuatro cámaras registran los movimientos del operador, quien camina despacio a un costado de la hilera de cajas. Llega al final de la fila. Se detiene. Regresa lentamente al punto de partida. Otra pausa. Empieza otra vez. Así lo hace en dos, tres, cinco, siete intentos… Y nada: el aparato no vira en dirección de ninguna de las cajas.

Durante el octavo intento, el militar se detiene entre las cajas 5 y 6. Respira. Cruza con lentitud entre ambas. Intenta de nuevo. Dos, tres, cuatro veces más. La antena del aparato apunta a la caja 3. Error. La muestra prohibida estaba en la caja 5.

Este experimento, realizado el 21 de octubre de 2011 en la Academia Mexicana de Ciencias, a petición de un juzgado de Cuernavaca, Morelos, se repitió en 20 ocasiones. Sólo hubo tres aciertos.

El objetivo del ejercicio era demostrar la eficacia del detector molecular GT200, usado en la búsqueda de explosivos, armas y drogas. Para ello se escondieron, sin que el militar lo atestiguara, mil 630 cápsulas de Itrabil con Clobenzorex, 33 cápsulas de Obeeclox con Clobenzorex, 3 cartuchos calibre 9x19mm y uno calibre 38 en una sola caja.

EL UNIVERSAL obtuvo una copia del video que demuestra que el detector molecular GT200 es ineficaz para detectar drogas y armas. Sin embargo, la empresa inglesa que lo comercializa, Global Technical LTD, sostiene que, a través de unas tarjetas tipo Ladatel que se meten al equipo, su detector localizaba en un máximo de 20 segundos, a 4 kilómetros de distancia desde el aire, además de narcóticos y explosivos, seres humanos vivos, cadáveres, tabaco, dinero en efectivo, uranio, venenos, marfil…

Este video, que forma parte del único peritaje científico de campo realizado en México al GT200, está siendo utilizado ahora mismo en un juicio por fraude que se le sigue en Londres, Inglaterra, a los creadores de estos aparatos.

El peritaje realizado en la Academia Mexicana de Ciencias demuestra que los empresarios ingleses que crearon la ouija del diablo defraudaron al gobierno federal mexicano y a 27 gobiernos estatales al venderles mil 112 equipos, por los que se pagaron unos 450 millones de pesos, según información obtenida a través del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Los artefactos fueron comprados entre 2004 y 2012, y han sido utilizados en retenes militares, operativos policiacos y otras tareas de seguridad por una decena de instituciones federales, entre las que están las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Procuraduría General de la República (PGR).

Los “señalamientos” del GT200 han sido motivo para encarcelar inocentes, como Ernesto Cayetano, un mixteco que estuvo preso en Coatzacoalcos, Veracruz, y Juanita Velázquez, quien permaneció dos años en el penal de Atlacholoaya, Morelos. Ambos fueron liberados al comprobarse la ineficacia del aparato.

Corte de Londres usa peritaje

Los fragmentos del video —que difunde en exclusiva EL UNIVERSAL— forman parte del peritaje científico Análisis estadístico de la eficacia del GT200, realizado por los físicos Luis Mochán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Alejandro Ramírez, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La policía inglesa solicitó dicho peritaje y video como evidencias en el juicio contra el creador del GT200, Gary Bolton, iniciado el pasado 2 de julio en Londres, bajo dos cargos: manufactura de un detector falso y fraude.

Mochán destaca que en el experimento participaron como operadores el teniente Saulo Pérez y el subteniente Bernabé Reyes, y como testigos el sargento Jonathan Juárez y la abogada María Elena Gómez Salgado, lo que valida la rigurosidad del peritaje que forma parte de las pruebas con que están siendo enjuiciados los empresarios ingleses.

En la primera etapa, los operadores observaron en dónde se escondió la muestra, y acertaron. En la segunda etapa, llamada de “doble ciego”, el operador y uno de los científicos salieron del galerón mientras otra mancuerna igualmente constituida ocultó la muestra en una caja elegida mediante volados, para a su vez abandonar el lugar, y fallaron.

Los físicos concluyeron que cuando el operador sabe dónde está lo que se busca, de forma inconsciente realiza movimientos de la mano que hacen girar la antena hacia el objeto a localizar.

Pero cuando éste no lo sabe, el aparato “no funciona en absoluto y sus resultados son consistentes con el azar”.

Juicio a impulsores

La agencia de noticias de los tribunales de Inglaterra, Court News UK, informó a a este diario que durante el juicio en marcha contra Gary Bolton, creador del GT200, el juez Richard Whittam comentó que “a pesar de los argumentos de que estos (detectores moleculares de drogas y armas) no funcionan, un gran número de gente compró y Gary Bolton hizo una considerable suma de dinero”.

El juez añadió que “Bolton dijo que su negocio había tenido un volumen de ventas por tres millones de libras en un año bueno”, lo que equivale a 59 millones de pesos al año.

La agencia de noticias documentó que Bolton y cinco ex socios intentaron hacer un prototipo de detector falso a fines de los noventa, pero se separaron y cada uno hizo su empresa.

A todos se les detuvo en julio de 2012, acusados de fraude, y se les dejó en libertad condicional. Sus juicios iniciaron en octubre pasado. A James McCormick y Anthony Williamson ya se les sentenció a 10 años de prisión, por fraude.

McCormick se convirtió en la competencia de Bolton al crear la empresa ATSC. Ahora se sabe que acumuló más de mil 200 millones de pesos al venderle 6 mil equipos al gobierno de Irak, lo que causó pérdidas humanas.

El detector molecular de McCormick se llama ADE651, y también fue adquirido en México. Sus clientes fueron los gobiernos de Colima, Sinaloa e Hidalgo.

El juez Richard Hone le dijo a McCormick: “En tu caso se justifica la máxima sentencia para que otros no cometan semejantes delitos”.

Y añadió: “Estoy totalmente satisfecho (por la sentencia) porque tu conducta fraudulenta al vender muchos de esos equipos con ganancias enormes, promovió un falso sentido de seguridad con todas las probabilidades de causar muerte y daños a gente inocente”.

En cuanto a Bolton, la agencia Court News UK señala que la Royal Engineers Export Suport Team le aplicó pruebas de “doble ciego” al GT200, en 2001 y 2002, concluyendo que sus resultados “no eran mejores que el azar”, mismo razonamiento que apareció en el dictamen de los científicos mexicanos.

Bolton, sin embargo, decidió comercializar sus aparatos a través de una empresa que basó en Aschford, Kent. Por ahora su juicio continúa.

SEGTEC (Seguridad e Inteligencia con Tecnología de Vanguardia), la empresa mexicana distribuidora del GT200, dijo a este diario que no opinará sobre el asunto hasta que concluya el juicio en Londres.

Se sigue usando en México

Si bien el peritaje científico de Mochán y Ramírez demuestra la ineficacia de aparatos como el GT200 o el ADE651, el gobierno federal y los gobiernos estatales lo siguen utilizando.

Andrés Tonini, un investigador independiente que ha documentado a través de solicitudes al IFAI las compras y uso de los dos equipos, lleva una bitácora que da idea de su uso actual: la Sedena lo ha implementado en retenes y llamados de amenaza de bomba en Chihuahua, Morelos, Chiapas, Durango, Querétaro; la Marina en otra amenaza de bomba en Campeche; y usos diversos por parte de los gobiernos de Colima, Chiapas, Distrito Federal y Tabasco, entre otros.

La información obtenida por medio de mecanismos de transparencia también refiere que la Sedena posee 742 detectores moleculares de droga; la Semar, 102; Pemex, 54, y la PGR, entre 3 y 7.

En marzo de 2013, el investigador Tonini le envió al Estado Mayor Presidencial el cuestionario que suele utilizar para indagar el número de equipos, los costos y si estos se sometieron a evaluación científica.

La respuesta fue que “la información referente a los detectores moleculares GT200 no se proporciona por estar clasificada por un periodo de 12 años”.

La institución militar añadió que “el hecho de proporcionar estos datos, podría traer consigo que grupos interesados en desestabilizar al Estado mexicano a través de algún atentado contra el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pudieran obtener con mayor detalle información de la capacidad de operación y protección específica que logra el Estado Mayor Presidencial con la adquisición y uso de estos equipos”.