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IMMOKALEE, Florida.— La Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés), que integra a jornaleros mexicanos, guatemaltecos y haitianos, ha liberado a mil 200 esclavos explotados en campos agrícolas del sureste de Estados Unidos desde 1997.

De ese año y hasta 2008 la organización ha participado en siete de los nueve casos mayores de esclavitud laboral juzgados en el país que han llevado a 15 victimarios tras las rejas, y actualmente colabora en la investigación federal de tres casos más.

La labor de la coalición fue determinante para que en el año 2000 se creara el Acta de Protección de Víctimas de Trata, signada por la legislatura de Florida, que penaliza el tráfico humano y la esclavitud laboral, y para la creación de una instancia federal que persigue el delito, motivo por el que recibió el Premio de las Cuatro Libertades Franklin D. Rooselvet el pasado 16 de octubre.

“Hemos trabajado en siete casos procesados en las cortes federales con el Departamento de Justicia, el Federal Bureau of Investigation (FBI) y autoridades estatales”, dice Julia Perkins, del equipo de la campaña antiesclavitud de la CIW.

Los integrantes de la organización, una veintena de piscadores de jitomate y cítricos, dan talleres de capacitación a oficiales estatales y federales que se especializan en el combate de la esclavitud laboral y en ocasiones participan de forma encubierta en investigaciones.

El guatemalteco Óscar Otzoy explica: “Cuando los trabajadores están en una situación de esclavitud nadie quiere hablar, y muchas veces tenemos que ir como trabajadores a esos campos para vivir en carne propia lo que ellos enfrentan”.

Como herramienta preventiva, la CIW creó su Programa de Comida Justa, un acuerdo que promueve condiciones laborales dignas y mecanismos de denuncia, que ha sido firmado por productores agrícolas de Florida y 11 empresas de comida rápida y cadenas de supermercados en Estados Unidos.

“Lo creamos para eliminar las condiciones que en una industria facilitaban la esclavitud”, externa Perkins, porque si los agroempresarios no cumplen el acuerdo, los compradores cancelan sus contratos con ellos.

Voz ignorada

En 1997, cuatro años después de la creación de la CIW, supieron que 400 hombres y mujeres eran explotados y retenidos contra su voluntad en campos de Florida y Carolina del Sur en la pisca de vegetales y cítricos.

La mayoría eran indígenas mexicanos y guatemaltecos obligados a trabajar de 10 a 12 horas diarias seis días a la semana, bajo la vigilancia de capataces armados que los golpeaban o tiroteaban a quienes intentaran escapar.

Lucas Benítez, uno de los fundadores de la organización, recuerda que se enteraron del caso gracias a que algunos jornaleros consiguieron fugarse. Sin embargo, cuando hicieron la denuncia no les creyeron ni autoridades estatales ni federales, lo que prolongó la subyugación de la gente por cinco años más.

Detalla: “Fuimos con las autoridades federales a Washington a decirles que había esclavitud en los campos, que había trabajadores amenazados de muerte, golpeados, y las autoridades nos dijeron: ‘Eso no pude estar pasando’. Pasaron cinco años para que el Departamento de Justicia se involucrara en investigar esta situación, porque era un terreno nuevo; esas autoridades sabían cómo investigar narcotráfico, pero no la esclavitud”, dijo.

Hasta 1997 el gobierno federal, con apoyo de la CIW, intervino, y liberó a los trabajadores cautivos; a los capataces Miguel Flores y Sebastián Gómez los sentenció a 15 años de cárcel.

El vacío legal para enfrentar ese crimen en Estados Unidos se exhibió durante el juicio, agrega Benítez, pues “la ley que se usó para sentenciarlos fue la misma que escribió durante la emancipación de esclavos en este país”.

La CIW intervino en otro caso con más personas esclavizadas. En 2004 logró la liberación de 700 jornaleros sometidos por Ramiro y Juan Ramos en campamentos de sembradíos de Florida y Carolina del Norte. A los acusados se les condenó a 15 años de prisión.

El último caso en el que intervino la CIW no ocurrió en campos de cultivo cercados y alejados de toda urbanización, sino a cinco cuadras de sus oficinas en Immokalee. Los esclavizadores eran mexicanos: los hermanos César y Geovanni Navarrete, que, apoyados por otros familiares, secuestraron a una docena de jornaleros mexicanos y guatemaltecos a los que mantenían encerrados en el interior de la caja de un camión de carga donde los trasladaban a sembradíos para obligarlos a labores de pisca.

“Muchas veces fueron amarrados con cadenas, golpeados, amenazados”, indica Oscar Otzoy. El pago que recibían era de 20 o 30 dólares a la semana, pero eran forzados a comprar sus alimentos y el agua a los Navarrete. En en enero de 2008 uno de los hombres cautivos escapó por la puerta del ventilador del techo de la caja metálica y pidió ayuda a la CIW.

Esa misma noche la policía intervino y se liberó a los demás secuestrados. A los hermanos se les sentenció a 12 años de prisión.