Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) , afirmó que con la Corte Interamericana de Derechos Humanos se mantiene una relación de apoyo y de cooperación en aras de una mejor implementación de la justicia y la protección irrestricta de las garantías individuales.

Subrayó que los dos órganos asumen su responsabilidad en la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos en el ámbito de su competencia, con más y mejores herramientas.

Al anunciar el 48 periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebrará en México del 7 al 11 de octubre, precisó que el organismo internacional al igual que el máximo tribunal del país, están coordinando sus esfuerzos para profundizar en el conocimiento del derecho y la difusión de la cultura jurídica en beneficio de una mejor impartición de justicia.

Silva Meza destacó la nueva época del tribunal constitucional mexicano, en la que todos los jueces en acatamiento de las obligaciones velan con mayor eficacia por el respeto de los derechos humanos de todas las personas.

En este sentido refirió que la determinación en el caso Radilla una medida de cumplimiento de una de las obligaciones señaladas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al estado mexicano, de la cual se derivaron criterios fundamentales para el futuro de la impartición de justicia del país.

Destaco que las sesiones que celebrarán la Corte Interamericana de Derechos Humanos en México serán de gran trascendencia y una magnifica experiencia para ambos organismos.

Por su parte el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán, afirmó que durante el periodo extraordinario analizarán un caso sobre la expulsión de 27 personas de territorio dominicano a Haití, así como los estándares jurídicos que deben regir en materia de los derechos de la niñez migrante.

Señaló que es un privilegio realizar su periodo extraordinario en la ciudad de México, ya que es de vital importancia avanzar dentro de un propósito común en la protección plena de derechos humanos.