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El pasado 23 de septiembre, 15 meses después de que el gobierno federal emitió el decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos, se publicó el reglamento de dicho ordenamiento.

Aunque en términos legales esta ley ya está vigente, aún quedan pendientes de establecer los lineamientos que deben seguir los gobiernos municipales, estatales y el federal, al momento de brindar asistencia a las víctimas. 

Según la asociación Unidos Contra la Trata, hay 94 líneas de acción que tienen que realizarse por parte del Ejecutivo, para lograr una prevención del delito. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dicho que se debe armonizar la legislación en las 32 entidades federativas del país para combatir de manera efectiva este delito. 

Para investigadores como Elena Azaola, del CIESAS, además de las deficiencias que existen la ley, otra cosa que entorpece el trabajo para combatir la trata son los recursos. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013 no contempló una bolsa de recursos en la PGR ni en la Secretaría de Gobernación para atender a las víctimas.