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A pesar del impacto del crimen organizado y la violencia, en los últimos años México ha dado pasos firmes para que sus autoridades actúen con apego a derechos humanos. "Es una evolución del sistema judicial promisoria", en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tenido un papel clave; y aunque existen desafíos y obstáculos para el respeto pleno de las garantías en el continente en general, hay un cambio de dirección irreversible.

El juez Diego García-Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en entrevista con EL UNIVERSAL expone así su visión sobre lo que califica de una ola de fortalecimiento institucional en la región, de la que México es parte, aunque sin ánimo de "dorar la píldora", pues reconoce que aún hay deficiencias por superar, pero hoy se está lejos de la impunidad y de la desatención total que había en torno a los casos de violaciones a garantías a nivel regional.

Como signo del cambio, hoy presentará en México, junto con el ministro presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, Juan N. Silva Meza, un sistema informático que permitirá que todos los jueces mexicanos y del continente accedan de forma fácil a la jurisprudencia de la Corte IDH y la incorporen a sus resoluciones, lo que considera la "interamericanización" de la justicia.

Además, por segunda vez en su historia, los siete jueces que integran la Corte IDH sesionarán en México la próxima semana para acercar su labor a la ciudadanía, como lo han hecho en otras 15 naciones latinoamericanas. La primera ocasión en que esto ocurrió en el país fue hace cinco años. Y para el juez peruano los cambios desde esa fecha son evidentes.

Aunque rechaza hacer una evaluación sobre el país, reconoce que desde la última sesión, "en ese periodo que ha sido tan complejo y es tan difícil para México por todo lo que la sociedad mexicana ha tenido que sufrir por el impacto del crimen organizado y de otras formas de violencia, hemos visto en la sociedad y en las instituciones mexicanas una capacidad de respuesta muy importante, no en la línea de reducir los derechos de la gente, como ocurre a veces cuando la seguridad se encuentra amenazada, sino por el contrario, estableciendo y enfatizando principios importantes", señala.

García-Sayán expone que en un lapso de cinco años "se ha producido un cambio, que es una base muy promisoria para lo que puede ocurrir en el futuro", como la reforma constitucional de 2011, las decisiones de la SCJN derivadas del caso Radilla, sus fallos sobre derechos humanos y la inclusión de los criterios de las sentencias de la Corte IDH y la nuevas leyes de amparo y víctimas".

Reconoce que "son una serie de pasos institucionales y jurídicos muy importantes, que dan cuenta de una vitalidad y una salud que apunta, yo creo, en una dirección significativa, en un aspecto que es medular: reforzar los criterios de derechos humanos con los que tienen que operar las autoridades nacionales mexicanas".

A pesar de la polémica que han desatado algunas decisiones del Alto Tribunal mexicano, el juez reconoce el papel histórico de la SCJN en los últimos años, pues fijó criterios "enfatizando que cualquier decisión tiene que ser interpretada conforme a los derechos humanos, a los tratados internaciones y a lo que establece la Corte IDH, y eso es relevante".

Destaca que estamos frente "a una evolución en los sistemas judiciales nacionales", para que no todos los casos lleguen a la Corte IDH, pues los países serán capaces de resolverlos, consolidando su soberanía y aplicando criterios internacionales, pues hay "un afianzamiento de las instituciones nacionales".

Indica que "este proceso que hemos visto en México muy claramente desde el año 2011, da cuenta de un involucramiento de las Altas Cortes que es muy importante, porque una cosa es que un juez en Veracruz saque un criterio que va a tener escasa relevancia para orientar las decisiones en el resto del país, pero si lo hace la Suprema Corte y establece criterios claros y firmes, eso tiene, en muy corto tiempo, un efecto de reproducción en el conjunto de las instituciones nacionales mucho más rápido y acelerado".

El hecho tendrá implicaciones de eficacia en la impartición de justicia: "Si lo dice la Suprema Corte de México, y es esa la directiva que va hacia todos los jueces, podemos sospechar que en un mediano o largo plazo el resto de la Judicatura del país estará ya imbuida de esos criterios".

Desafíos regionales

A pesar de los avances, García-Payán expone que "eso no niega que las sociedad mexicana u otras de América Latina estén llenas de problemas institucionales que tienen que ver muchos de ellos con deficiencias en la administración de justicia (...) hay muchos casos, que cada cual conoce o vive, en los que la lentitud o decisiones equivocadas marcan una percepción".

"No quiero por eso dorar la píldora y decir que ya la justicia de nuestros países está marchando por la ruta por la que debería estar, pero sí que se han marcado rumbos importantes; por ejemplo, en investigaciones sobre casos de derechos humanos hoy día estamos en una situación mucho más avanzada de lo que estábamos hace algunos años, que era de impunidad completa y desatención absoluta a los casos que se presentaban", indica el juez.

Apunta que hay reflexiones comunes a América Latina: "Sin duda uno de los grandes desafíos que hoy día tienen nuestras sociedades es poder responder a la amenaza del crimen organizado con eficacia democrática.

"Es un tema que va más allá del aspecto estrictamente judicial, que implica cómo articular las instituciones propiamente de seguridad del Estado, el papel de las policías, de jueces y Ministerios Públicos, de la sociedad (...). Creo que ahí tenemos un desafío general, de enorme importancia".

García-Sayán apunta que "nadie puede echar campanas al vuelo, porque los problemas que en cada sociedad se tienen son muy grandes y los retos son enormes. Si uno se pone a mirar las estadísticas de violencia y otros indicadores, dan cuenta de que estamos muy lejos de una realidad que garantice tranquilidad y pleno respeto a los derechos de las personas, pero lo grave sería que no se estuvieran dando pasos para enfrentar eso".