El sistema de Justicia Militar tuvo su origen en el Porfiriato y obstaculiza los derechos de víctimas y delincuentes, como en hechos ocurridos en el combate al crimen organizado, por lo que la bancada del PRD en la Cámara de Diputados plantea integrar los tribunales castrenses a la estructura del Poder Judicial de la Federación.

La bandada advierte que cada vez son más numerosas las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos cometidos por militares, de los más de 45 mil efectivos en operaciones contra bandas criminales. El diputado Fernando Zárate Salgado firma la iniciativa para el rediseño del Sistema de Justicia Militar, con reformas a la Constitución, Código Penal Federal, leyes orgánicas de la Administración Pública, de la PGR y del Poder Judicial de la Federación.

La salida masiva de tropas a las calles para combatir al crimen, hizo inoperante el sistema de justicia militar, que establece tribunales aparte para los integrantes de las fuerzas armadas, expone el legislador perredista.

Califica como "desviación de la infraestructura institucional del Estado mexicano", que el Ejército posea un sistema propio de impartición de justicia penal, que lejos de preservar criterios de disciplina castrense, "no garantiza los principios de imparcialidad, autonomía e independencia de los que deben gozar los jueces, principalmente los penales".

En la Constitución, Zárate Salgado propone que el artículo 13 establezca que "nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales".

En ese sentido, propone la formación de tribunales especializados en materia penal militar, dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Para ello, incluye en su iniciativa el texto de un capítulo para el Código Penal Federal para los delitos que atenten contra la disciplina militar.

Ese capítulo establece los casos de traición a la patria, espionaje, delitos contra el derecho internacional, violación de neutralidad o de inmunidad diplomática; rebelión; sedición; falsificación; fraude, malversación y retención de haberes.

Incluye delitos por extravío, enajenación, robo y destrucción de lo perteneciente a las fuerzas armadas; deserción e insumisión; inutilización voluntaria para el servicio militar; insultos, amenazas o violencias contra centinelas, guardias, tropa formada; salvaguardias, bandera y fuerzas armadas.

Comprende ultrajes y violencias contra la policía; falsa alarma insubordinación; abuso de autoridad; desobediencia; asonada; abandono de servicio; extralimitación y usurpación de mando o comisión; maltrato a prisioneros, detenidos o presos y heridos; pillaje, devastación, merodeo, apropiación de botín contrabando y saqueo.

Entre otros delitos penales e infracciones propias a la disciplina militar, el diputado Zárate plantea que los tribunales especializados para casos que impliquen a militares se conozca de la infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en las fuerzas armadas mexicanas.

También incluye la infracción de los deberes de centinela, vigilante, serviola, tope y timonel; la infracción de deberes especiales de marinos; de aviadores, así como la infracción de deberes militares correspondientes a cada militar según su comisión o empleo.

Comprende infracción de los deberes de prisioneros militares, evasión de estos o de presos o detenidos o auxilio a unos y a otros para su fuga. Establece sanciones para casos contra el honor militar