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Aprobar una reforma al Código de Justicia Militar podría terminar con el uso de la jurisdicción militar en casos de violaciones de derechos humanos cometidos por parte de miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles, y enviaría un fuerte mensaje a los militares de que no son inmunes a la persecución, afirmaron Maureen Meyer y Clay Boggs de la Oficina de Latinoamérica en Washington (WOLA, por sus siglas en inglés).

La reforma al Código de Justicia Militar, agregaron, representaría un paso firme a favor de los derechos humanos en México, y cumpliría con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Meyer explicó que la Procuraduría General de Justicia Militar y los juzgados militares de México han comenzado a transferir algunos casos a los tribunales civiles, llegando a un total de 231 averiguaciones previas y 180 causas penales a los tribunales civiles entre mediados del 2012 y julio de este año, de acuerdo con el Informe del Gobierno de México 2013 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Pero en opinión de Boggs y Meyer, “existe poca información sobre el tipo de casos que se han transferido, o sobre los criterios que los militares utilizan para decidir cuáles casos se pueden enviar a los tribunales civiles para que sean abordados por estos últimos”.

Las quejas de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas en 2013 son mucho más altas de lo que eran en 2006, y aun cuando las quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se han reducido desde 2012, todavía hay un alarmante número de violaciones graves de los derechos humanos, opinaron.