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La Fuerza Armada de El Salvador advirtió ayer que sólo una organización criminal con la capacidad militar de Los Zetas, sospechosa de comprar un cargamento de 213 granadas antitanque M90 aparentemente sustraído de los arsenales castrenses de ese país, para traficar a México, tiene posibilidad de operar ese tipo de armas, incautadas el martes anterior en un depósito subterráneo de un taller del occidente salvadoreño en ruta a la frontera con Guatemala.

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, reveló ayer que existen fuertes sospechas de que el armamento, presuntamente robado de depósitos castrenses en complicidad con militares o ex militares salvadoreños, iba a ser trasladado a México por Los Zetas, una de las organizaciones criminales mexicanas más peligrosas, en un contrabando coordinado con el cártel salvadoreño de Texis, que opera esencialmente en la zona del noroccidental poblado de Texistepeque.

“Lo único que sabemos es que estas armas supuestamente, en su calidad de armas de guerra, estaban destinadas al cártel de Los Zetas”, aseguró Funes. “Según parece, y esto las investigaciones lo irán aclarando, estas armas las iban a hacer llegar (a México) a través de otra red” que tiene, explicó, “alguna relación con cárteles salvadoreños, particularmente con el de Texis”.

Consultado por EL UNIVERSAL, el teniente coronel Luis Viera Santamaría, vocero de las Fuerzas Armadas de El Salvador, dijo que “las conclusiones” del proceso de investigación “podrían apuntar a que el que puede utilizar o tiene interés en este tipo de material son organizaciones como Los Zetas, que, de alguna forma, su misma estructura le permite hacer uso de ellas”.

“No es cualquier grupo el que los pueda utilizar”, sentenció, en una alusión al origen militar de Los Zetas como estructura creada por ex miembros del Ejército Mexicano a finales del siglo pasado. “Es un material de guerra de uso privativo de la Fuerza Armada”, recordó.

La Fiscalía General de El Salvador solicitó ayuda a la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), una institución federal de Estados Unidos, para determinar el origen de las armas. “La Fiscalía ha pedido colaboración de la ATF, para determinar la procedencia y dentro de las investigaciones están determinando cuales iban a ser los destinos”, relató Viera.

Las granadas fueron decomisadas el martes en un terreno en el municipio de El Congo, del occidental departamento de Santa Ana, en un depósito subterráneo. “Esto ha sido parte de un proceso de inteligencia policial. La Policía las encontró el pasado martes”, agregó el vocero castrense, al informar que tras el hallazgo, la Fiscalía las decomisó y ordenó trasladarlas a bodegas del ejército.

“Los que tenemos capacidad de almacenaje (de esas granadas) somos nosotros. Por eso está en resguardo de la Fuerza Armada. Todo el proceso de investigación y todo lo que se diga nada más son hipótesis. Están en resguardo nuestro pero bajo la responsabilidad de la Fiscalía”, aclaró el portavoz.

Sobre el origen de las armas, afirmó que “en estos momentos está la investigación acerca de la procedencia, que puede ser mucha. Y como decía el presidente, podría ser también un robo a la Fuerza Armada, pero eso todavía no se puede establecer”, precisó.