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Analistas y académicos advierten que la reforma hacendaria propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto tuvo entre sus objetivos buscar el apoyo de la izquierda mexicana y evitar abrir un nuevo punto de confrontación social en el país.

José Antonio Crespo, Alfonso Zárate y Guillermo Cejudo subrayan que si bien la iniciativa de reforma del Ejecutivo en materia fiscal apoya a grandes segmentos sociales, afectará a la clase media y carece de mecanismos de rendición de cuentas.

Crespo afirma que la iniciativa “es una concesión a la izquierda”, también para reducir un poco las presiones y el antagonismo que pudiera haber contra la reforma energética, pues de haber incluido IVA en medicinas y alimentos la resistencia de la izquierda se hubiera intensificado contra las dos reformas.

“Pareciera que es una especie de intercambio, de ceder al IVA en favor de darle más probabilidades a la reforma energética. No es que [Peña] lo haya pactado así, pero es el efecto que él está buscando, elevar la probabilidad de la reforma energética a cambio de retomar prácticamente los planteamientos de la izquierda en la reforma hacendaria”.

Crespo, doctor en Historia, académico e investigador del CIDE, manifestó que esta reforma afectaría de manera fundamental a la clase media y a la cúpula empresarial, al tiempo de haber prebendas sociales importantes.

Alfonso Zárate considera: “Yo diría que es una propuesta que atiende el humor colectivo, una inquietud que para mí era muy clara, era la sobreposición de agendas que interpelan importantes grupos de la sociedad.

“Es decir, la CNTE ya se está movilizado en contra de la reforma educativa, López Obrador en defensa del petróleo y podría sumarse otra con la reforma hacendaria, así que este riesgo de sobreposición de agendas que podría haber tenido un impacto más serio se conjuró”.

El analista señala que políticamente, la reforma le da “nuevo oxígeno” al Pacto por México “en la medida que aterriza algunos de los compromisos establecidos en el mecanismo y logra el apoyo del PRD”.

Subraya que la propuesta hacendaria del Presidente representa un avance, pues daría apoyo a sectores sociales y fortalecería las finanzas públicas, además concretaría acuerdos del Pacto por México que serían inviables sin recursos adicionales.

Guillermo Cejudo, investigador del CIDE, hace notar a su vez que la propuesta hacendaria del presidente Peña modifica la trayectoria emprendida por las administraciones federales, durante las últimas dos décadas, para crear regímenes especiales.

“Sí vuelve a tratar de tener, aunque no lo culmina, una base común y eliminar privilegios o regímenes especiales que no sólo generan distorsiones y en algunos casos eran regresivos como la deducción de las colegiaturas o los subsidios a los energéticos”.

Dice que es un “presupuesto” más ambicioso, pues busca ampliar programas sociales, “aunque se queda corto en términos de la promesa de universalidad. Siguen siendo pensiones condicionadas, el seguro de desempleo está acotado”.

Afirma que la propuesta presidencial tiene un “punto débil importante”, pues no resuelve el gasto federalizado. Hay algunas correcciones en materia de salud, de educación y de infraestructura pero no atiende el centro del problema que es la complejidad de las competencias y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas intergubernamentales”, apunta.

Afirma que la propuesta ve los ingresos del Estado pero mantiene “un serio déficit” en términos de la calidad del gasto, “no tenemos las burocracias ni los programas ni los mecanismos de rendición de cuentas para asegurar que esos miles de millones de pesos adicionales van a ser bien gastados”.