liliana.alcantara@eluniversal.com.mx

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que las procuradurías General de la República (PGR) y General de Justicia de Tamaulipas violaron derechos durante la investigación de la masacre de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, el 22 de agosto de 2010, pues incumplieron con los ordenamientos legales en los procedimientos de indagatoria y de procuración de justicia, razón por la que los hechos siguen impunes.

El organismo emitió la Recomendación 80/2013 contra la PGR y el gobierno de Tamaulipas, en la que solicitó impedir que estas fallas y omisiones se repitan, y que se indague la actuación de al menos 10 servidores públicos federales y locales que participaron en las indagatorias, aunque no establece el nivel ni su nombre.

A más de tres años de ocurrido el crimen colectivo, destacó, la PGR continúa con la identificación de los cuerpos, “por lo que incumplió con su deber de hacer justicia pronta y expedita”.

A partir de sus investigaciones, el organismo detectó que no se preservaron las evidencias en el lugar de los hechos, que el levantamiento de los indicios se hizo de manera precipitada, sin metodología y de manera deficiente, y que las necropsias se hicieron dos días después de que se levantaron los cadáveres, cuyos dictámenes, además, son incompletos y hasta tienen faltas de ortografía.

Refirió que 12 cuerpos de migrantes fueron inhumados sin ser identificados, por lo que “sus familiares no podrán conocer lo sucedido a sus parientes”.

Sobre los dos sobrevivientes, advirtió que no se les atendió en forma debida y se violó su derecho a la privacidad y protección de datos.

Estas omisiones y deficiencias, consideró la CNDH, “fueron en detrimento de las investigaciones y el derecho de las víctimas y sus familiares a conocer la verdad sobre los hechos”.

Aunque el organismo no menciona si hay altos funcionarios responsables, señaló —sin especificar nombres ni cargos—, a tres funcionarios de la procuraduría estatal y a siete de la PGR que incurrieron en irregularidades.

En ese entonces, Arturo Chávez Chávez estaba al frente de la PGR y Jaime Rodríguez Inurrigarro, era su homólogo en Tamaulipas.

Ante estos hechos, la CNDH envió la Recomendación 80/2013 al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú.

Al primero, le pidió que instruya a quien corresponda para que sus agentes observen a cabalidad los derechos de las víctimas y ofendidos del delito; que instruya a los agentes del Ministerio Público y peritos sobre la identificación, el manejo y la conservación de cadáveres, así como sobre el procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, a efecto de que sean capacitados en la materia y que se practiquen todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad de los hechos.

Al gobernador de Tamaulipas le solicitó que instruya a su personal para que, en todos aquellos casos de cuerpos que son enviados a la fosa común, se adopten los protocolos de identificación que garanticen a familiares el conocimiento del destino de sus parientes, que se capacite a sus agentes del MP y peritos, así como estrechar la vigilancia de zonas de alto riesgo para la comisión de secuestros a migrantes.

De acuerdo con el testimonio de dos sobrevivientes de la matanza, el 21 de agosto de 2010, alrededor de las 22:00 horas, un grupo de 74 migrantes que viajaban a bordo de dos camionetas rumbo a la frontera norte fueron interceptados y secuestrados por un grupo armado en San Fernando.

Al día siguiente, fueron trasladados a otro rancho. Ahí les preguntaron si querían trabajar para el grupo delictivo y debido a que se negaron, los asesinaron.

Lista de irregularidades

La CNDH encontró que la procuraduría del estado, omitió impedir el acceso al lugar de los hechos a personas ajenas a las investigaciones, por lo que no se preservaron las evidencias.

El levantamiento de los indicios se hizo de manera precipitada, sin metodología y de manera deficiente, lo que motivó la pérdida de varios de ellos, como la ubicación de casquillos percutidos, balas e impactos relacionados con la trayectoria de los proyectiles, revela el documento.

Los peritos, añadió, no asentaron lo observado en el lugar de los hechos de manera exacta y minuciosa respecto a la posición en la que encontraron los cadáveres, la edad aproximada, la media filiación, la estatura, la ropa que vestían, el calzado, la rigidez cadavérica, el grado de putrefacción y las lesiones que se podían advertir a simple vista, lo cual serviría para establecer las circunstancias en que fueron privados de la vida y que no se ha podido determinar por dichas deficiencias, derivando en impunidad.

Indicó que en lugar de que la PGR hiciera la necropsia de inmediato, los cuerpos estuvieron dos días a la intemperie y apilados sin hacer los procedimientos que se requieren para evitar el proceso de descomposición.

Incluso, en los dictámenes de la necropsia hay faltas de ortografía como el uso de la palabra “bendaje” y descripciones deficientes como el empleo de “mal” o “muy mal” para el caso de la dentadura de los cadáveres; además de que en dos cuerpos no correspondió la razón de la muerte con las heridas.

Uno de los 16 cuerpos enviados a Honduras, era de un ciudadano brasileño, reportó la Directora Nacional de Medicina Forense del Ministerio Público hondureño.

El organismo constató además que el transporte en el que fueron trasladados los cadáveres al DF no contaba con licencia sanitaria y el chofer desconocía que “la carga” eran los cuerpos.

En el caso de los sobrevivientes, la CNDH señaló que no se les brindó la atención sicológica de urgencia que requerían, además de que los datos de uno de ellos fueron dados al Instituto Nacional de Migración pese al riesgo en el que estaba su vida.

Ambas instituciones, concluyó la CNDH, incumplieron “con su deber de garantizar los derechos a la legalidad, seguridad jurídica, acceso a la procuración de justicia” y pidió se indague a los responsables.