Visité Washington hace algunos meses y percibí la auténtica confusión entre varios funcionarios de la administración de Barack Obama, con respecto al discurso y la actitud del presidente Enrique Peña Nieto y su equipo en materia de seguridad. Nunca me lo dijeron así, pero salí de las entrevistas convencido de que el gobierno federal de Estados Unidos parecía haberse colocado entre la duda y la preocupación, luego de haber perdido los canales y la frecuencia de comunicación que mantenía con operadores de primer nivel en el gobierno de Felipe Calderón. He comprobado en innumerables ocasiones la desconfianza generalizada en la relación bilateral en materia de seguridad, solo menguada, cuando menos en los niveles superiores de decisión, por vínculos personales y circunstanciales entre representantes de ambos países que arrojan resultados a veces importantes, pero siempre efímeros. Estados Unidos y México saben que tienen que trabajar juntos en contra de la delincuencia organizada, pero no necesariamente lo quieren hacer, no al menos desde planos institucionalizados de colaboración. Si esto no fuera así, ténganlo cierto, hace mucho existirían mecanismos formales, permanentes y quizá mucho más eficaces de colaboración operativa en la investigación y persecución de la delincuencia organizada. Sólo hay que comparar esto con la cooperación policial y judicial en Europa para en verdad darse una idea de la debilidad y contradicciones de esta relación bilateral en los mismos ámbitos.

Es en el marco de una relación siempre difícil en estos temas e iniciando una administración federal en México que parece alejarse del esquema anterior de cercana colaboración, cuando nos enteramos de la liberación de Rafael Caro Quintero, 28 años después de haber sido condenado por el secuestro y asesinato en 1985 de Enrique Camarena, agente de la DEA. Dejó la prisión 12 años antes de cumplir la sentencia impuesta de 40. Casi tres décadas en prisión y ahora un tribunal federal decide que la condena derivó de un proceso viciado por la incompetencia de la propia justicia federal. Al menos la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya expresaron su “profunda decepción” y la primera informó que hará lo necesario para llevar a Caro Quintero ante la justicia en ese país. Haciendo a un lado el descrédito atroz de la justicia penal en México, dentro y fuera de nuestras fronteras, y también dejando al margen por ahora la discusión procesal de estos hechos, estoy completamente seguro que la puesta en libertad es un golpe descomunal a la relación bilateral, justo en un momento de especial fragilidad. Esto no tiene precedentes. En México ahora camina en libertad una persona que la DEA mantiene entre los 5 fugitivos internacionales más importantes, identificado por esa agencia como líder activo de la delincuencia organizada. Habrá que esperar la reacción del vecino del norte, misma que llegará o no a la mirada pública.

Por lo demás, en lo doméstico la noticia parece una terrible caricatura que por un lado desnuda el absoluto sinsentido de la guerra contra las drogas y por el otro evidencia la disfuncionalidad irrefrenable y quizá irreversible de la justicia penal en México. Apunte usted en sus notas del horror que tenemos una máquina de producción de condenas de donde puede salir una sentencia de 40 años que a casi tres décadas de su ejecución es calificada como viciada. A cielo abierto y gracias a la narrativa de la guerra contra las drogas, nacida justamente en Estados Unidos y emulada por México, Rafael Caro Quintero simboliza el narcotráfico y de esa manera encarna el mal que ha costado la vida de decenas de miles de mexicanos. A ver a quien le pueden explicar por qué este sujeto construido como el “personero del mal” se fue a la calle. Vergüenza indescriptible.

@Ernesto_LPV

Director del Insyde