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Como una madeja difícil de desenredar, así son las declaraciones oficiales en el caso del avión mexicano destruido en Venezuela. El misterio en torno a lo que ocurrió la noche del 4 de noviembre pasado continúa: ¿Por qué la nave ingresó al país sudamericano sin permiso? ¿Qué llevó a los siete pasajeros a realizar el viaje? ¿El aparato fue derribado u obligado a descender? ¿Quién lo incendio? ¿Traía realmente un cargamento de cocaína?

La historia comenzó el 5 de noviembre pasado, cuando Vladimir Padrino, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FANB (CEOFANB) de Venezuela, publicó en su cuenta de Twitter dos fotografías con el siguiente texto: “Dia 4Nov 22:36 hrs Cmdo Defensa Aeroespacial @ceofanb detecto e intercepto aeronave Hawker 25 matricula XBMGM. Este incursor aereo fue inmovilizado por medios aereos de nuestra AMB, 7 MN al norte Buena vista del Meta, Edo. Apure”.

Al día siguiente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que habían sido derribados 30 aviones supuestamente vinculados al narcotráfico en aplicación de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, norma aprobada en mayo del año pasado. Y decía textual: “Recientemente en aguas nacionales fue derribado el avión número 30, el tercero que se derriba de esa forma, vinculado al narcotráfico”.

De inmediato, ambos hechos fueron vinculados y corrió por las redes sociales la noticia de que un avión con matrícula mexicana había sido derribado por la Fuerza Aérea de Venezuela. El mismo día, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió una nota diplomática a través de la Embajada de México en Venezuela, para solicitar el “esclarecimiento de los hechos en estricto apego al derecho internacional”.

Autoridades de Querétaro dieron a conocer el viernes 8 de noviembre que el avión hizo escala en dicha entidad procedente de Monterrey, Nuevo León. En su interior viajaban siete personas (tres hombres y dos mujeres, además de los dos pilotos) y se dirigían a las Antillas Holandesas.

Jorge López Portillo, secretario de Gobierno, reveló además los nombres de los pasajeros: Isaac Pérez Dubón, Susana Bernal Rivas, Adriana Jezabel Cruz Méndez, Sergio David Franco Moga y Manuel Eduardo Rodríguez Benítez. Asimismo, el secretario informó que el piloto fue identificado como Carlos Alfredo Chávez Padilla, mientras que el copiloto, como Mauricio Pérez Rodríguez. La información comenzaba a fluir.

Sin embargo, horas más tarde el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió tomar con reserva las identidades dadas a conocer, pues reveló que los documentos que hacen referencia a los pasajeros eran falsos. Según el gobierno de Querétaro la nave llegó procedente de Monterrey, Nuevo León, tres días antes del 4 de noviembre a los hangares del aeropuerto, cuando despegó a las 11:50 horas, con un plan de vuelo que tenía como destino final las Antillas Holandesas (una de ellas Bonaire).

Una versión extraoficial, de una fuente cercana a la investigación en Venezuela, complementó la anterior al establecer un desvío del avión de su plan de vuelo. Tras salir de Querétaro, la aeronave descargó pasajeros en Bonaire, una isla ubicada frente a la costa occidental de Venezuela, y se informó que iría directo a Honduras.

Frente a Barquisimeto, capital del estado de Lara, al occidente de Venezuela, se desvió hacia el sur hasta Apure.

Aviones caza Sukhoi de la Aviación Militar Bolivariana salieron de El Sombrero, capital del estado de Guárico, para obligar al avión a descender, lo cual hizo que aterrizara en Apure. Posteriormente, la nave fue quemada en tierra por los militares venezolanos, mientras los ocupantes mexicanos huyeron hacia Colombia y era probable que estuvieran ya en Panamá.

Para entonces las declaraciones ya habían subido bastante de tono.

El sábado 9 de noviembre el presidente venezolano Nicolás Maduro reprochó que el gobierno de México solicitara explicaciones sobre narcotraficantes.

El mandatario dijo que ese avión estaba “full (lleno) de droga” y por ello le desconcertaba la solicitud. “Que el Presidente mexicano sepa que estaban abogando por un avión que estaba full de cocaína”.

Para el lunes, el embajador venezolano en México, Hugo José García, se reunió con el canciller de México, José Antonio Meade, quien le pidió compartir la información con la que contaba.

Al respecto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó: “Tenemos declaraciones, pero no tenemos esta información formal, quiénes son los pasajeros y si los tienen. Ellos dicen que cuando llegaron al lugar donde bajaron al avión, ya no había tripulantes”.

“El contenido, lo que contenía el avión, que también han sido declaraciones, queremos que se nos dé información basada en pruebas”, agregó. Nada se sabía de los pasajeros ni había pruebas del contenido del aparato.

Y no fue sino hasta el pasado 21 de noviembre que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dio a conocer que uno de los pasajeros había sido identificado con su nombre real.

Ayer, la PGR informó que interrogó a tres de las personas que viajaron en la aeronave mexicana que fue destruida en Venezuela y que falta una más por comparecer; mientras que aún se ignora el paradero de los pilotos y del séptimo pasajero, quienes usaron pasaportes falsos para realizar la travesía.

Sin embargo, en el mismo comunicado se habla de una averiguación previa que inició por “el abatimiento y posterior incineración de un avión con matrícula mexicana en territorio venezolano”.

Cuando el avión Hawker Siddeley DH, 125, serie 400A —con matrícula mexicana— partió el 4 de noviembre del aeropuerto de Querétaro, llevaba siete pasajeros; cuatro de los ocupantes fueron identificados como Susana Bernal Rivas, Adriana Cruz Méndez, Sergio Franco Moga y Manuel Rodríguez Benítez, que ese mismo día arribaron a isla Bonaire, de Antillas Holandesas, donde se quedaron mientras la aeronave seguía su itinerario hacia La Ceiba, Honduras.

De acuerdo con la PGR, estas cuatro personas —quienes tenían pasaportes auténticos—, regresaron a México el pasado 7 de noviembre, provenientes de Bogotá, Colombia.

El Ministerio Público de la Federación los citó a comparecer, para conocer el motivo de su viaje, cómo contrataron los servicios de la aeronave o si alguien les pagó el vuelo, si conocían la identidad del séptimo pasajero que viajó con ellos, las razones de que se quedaran en Bonaire y las actividades que realizaron tanto en la isla como en tierras colombianas, detallaron autoridades federales consultadas.

Respecto a los pilotos Mauricio Pérez Rodríguez y Carlos Alfredo Chávez Padilla, éstos presentaron licencias apócrifas, quienes al igual que el séptimo pasajero Isaac Pérez Dubón, viajaron además con pasaportes falsos. Aunque la dependencia señaló que “se desconoce hasta el momento el paradero de los dos pilotos y el pasajero que viajaba con pasaporte falso”.

Pero las dudas siguen: ¿Por qué la PGR continúa usando el término “abatimiento” si el avión no fue derribado? ¿Por qué los cuatro pasajeros regresaron de Colombia y no de las Antillas Holandesas, donde bajaron? ¿Qué hacían en esa zona catalogada como tráfico de drogas? ¿Por qué si el destino era Honduras la nave se desvió hacia Venezuela? ¿Contenía alguna carga ilícita? Si contenía cocaína, ¿en dónde está y por qué no la exhibió el gobierno venezolano?

Las declaraciones continúan, el enredo se hace nudo y el misterio del caso persiste.