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Las principales fuerzas en el Senado (PRI, PAN y PRD) hicieron un acuerdo en materia de reforma política, para que el Instituto Nacional de Elecciones (INE) tenga la facultad de atraer cualquier comicio cuando se sospeche la injerencia de un gobernador.

Lo anterior, a través de las llamadas “facultades de delegación o arrogación” que permitirán al INE retomar el control de los comicios.

Al prosperar el modelo del INE semicentralizado —propuesto por el PAN y el PRD— el nuevo órgano tendrá una serie de facultades como la fiscalización, radio y televisión, la redistritación y el manejo del padrón electoral.

El INE también implementará un servicio de capacitación constante, con el fin de nombrar a los funcionarios de casilla para las elecciones locales que se denominará Servicio Electoral Nacional y que controlará la integración de las casillas, para evitar que se manipulen para favorecer a ciertos candidatos.

En el acuerdo se garantiza que no desaparecerán los institutos electorales estatales, ni los tribunales locales.

De esta forma, los consejeros locales sólo podrán organizar las elecciones, pero no desaparecerán esas figuras, ni los institutos.

De acuerdo con senadores que participan en la negociación, el INE podrá designar desde el centro del país a los consejeros electorales locales, quienes organizarán en cada estado sus comicios. Sin embargo, ante la sospecha de injerencia de gobernadores el nuevo instituto podrá atraer la elección.

En la negociación de la reforma política, otro de los acuerdos de gran importancia alcanzados en las últimas horas es el relativo a las causales de nulidad para una elección.

De acuerdo con senadores, el PRI por fin avaló incorporar esta figura, que permitirá que cuando un candidato rebase el tope de gastos de campaña se anule su participación.

Sin embargo, los senadores aún se mantienen en la discusión de los montos y las circunstancias para aplicar esta causal.

De esta forma, de configurarse el rebase de tope de gastos de campaña, se podrá proceder por la vía electoral (con la anulación de la candidatura) y por la vía penal, al presumirse procedencia ilícita de los recursos.

Los consejeros del INE serán nombrados por la Cámara de Diputados como sucede actualmente con los consejeros electorales del IFE, por dos terceras partes del pleno. El Senado será a su vez el encargado de nombrar a los integrantes de los tribunales electorales locales, también con el voto de dos terceras partes del pleno.

De acuerdo con los negociadores, se espera que la próxima semana haya un proyecto de dictamen para aterrizar los acuerdos.

Sí a la relección

También destaca el acuerdo para que los legisladores puedan reelegirse, pero se aprobó un candado para que se sometan al voto sólo por el partido que se postularon en un principio, con lo que se elimina a los “chapulines”.

Se rechazó que las dirigencias puedan “vetar” a un legislador de su propio partido que opte por la reelección.

Bajo ese modelo, los senadores podrán reelegirse a partir de 2018 por una sola ocasión, con lo que podrían tener su cargo por 12 años.

En tanto, los diputados federales podrán reelegirse hasta en dos ocasiones, también a partir de 2018, con lo que podrían sumar nueve años en total en su curul.

En cuanto a los alcaldes, se acordó generar dos modelos. En el primero, cada estado podrá decidir si la gestión dura cuatro o tres años y si se opta por la primera opción, no habrá reelección.

En caso de que se refrende que la gestión de alcaldes en determinado estado durará tres años, como actualmente sucede, el presidente municipal podrá reelegirse hasta en una ocasión.

Las divergencias

En donde aún no hay acuerdo es en temas como la chequera única, que permitiría centralizar el gasto y evitar fraudes con recursos en las campañas, que es rechazada por el PAN.

Los senadores consultados señalaron que hay “grandes avances” en temas de fiscalización, como las contabilidades en línea, pública y la auditoria “in situ”, es decir de forma inmediata y en el momento de la elección, pero nada concreto al cierre de la edición.

Entre los escenarios que se plantean, destaca el que el financiamiento público pueda provenir solo de militantes y de servidores públicos que trabajan para el partido.

Otros temas que aún no cuentan con el aval de las principales fuerzas políticas son el de la segunda vuelta para la elección presidencial; la regulación de la llamada “publicidad engañosa”; la verificación de encuestas; la función del Coneval y la autonomía de la PGR.