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La ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, sí será enjuiciada por defraudación fiscal equiparada por un monto superior a los 2 millones de pesos, ya que el juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Rubén Darío Noguera, volvió a emitir un nuevo auto de formal prisión en su contra por este delito, después de desahogar pruebas que había omitido.

Aunque el Cuarto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito encontró violaciones al debido proceso en este caso, ya que el juez de la causa le inició juicio casi 32 horas antes de que venciera el plazo legal sin admitir pruebas que aportó su defensa, y por ello se revocó el auto de formal prisión para que se repusiera el procedimiento, el juez Noguera al acatar el fallo reconfirmó que existen evidencias para procesar a la ex lideresa.

El abogado Marco Antonio del Toro anunció que apelará una vez más esta resolución, pues en los hechos, el juzgador sólo admitió y valoró un peritaje contable, pero no fue posible que la defensa interrogara a peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda (SHCP), ya que están de vacaciones o de comisión, cuando su testimonio para la defensa era un asunto clave; por lo que era obvio, dijo, que se dictara una vez más el auto de formal prisión a su cliente.

Hace un mes la PGR le fincó a Gordillo Morales esta nueva acusación por una defraudación fiscal equiparada calificada por más de 2 millones de pesos, considerado grave y por el que no alcanza fianza. El juez Noguera consideró que existían suficientes pruebas en su contra y el 11 de octubre decretó el inicio del proceso, antes de que se venciera el plazo constitucional, por lo que la defensa apeló.

Revés en tribunal

El Cuarto Tribunal Unitario analizó el expediente, y la magistrada Graciela Santés resolvió que en el juzgado federal, “al no admitirse las pruebas ofrecidas por la defensa en la etapa de preinstrucción, cuando existía tiempo suficiente para gestionar actos relativos a su desahogo, se vulnera el debido proceso, en su categoría de defensa”.

“En consecuencia, este Tribunal Unitario ordenó al titular del Juzgado de Distrito la reposición del procedimiento y dar cumplimiento al vencimiento del plazo de 31 horas con 51 minutos que restaban en el término constitucional de la etapa de preinstrucción, a efecto de que a partir del ofrecimiento de pruebas por parte de la defensa, ese órgano jurisdiccional se pronuncie en torno a la admisión o desechamiento de las mismas, bajo los parámetros de conducencia e idoneidad”, resolvió la juzgadora.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó que los efectos de la reposición de procedimiento ordenado por el Tribunal Unitario “no implican una nueva oportunidad para que la inculpada o su defensa ofrezcan pruebas diversas a las precisadas, ni tampoco implica que se ordene la inmediata libertad de la indiciada”.

Ayer, al acatar el fallo, el titular del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales, a las 17:34 horas, decretó a la inculpada una vez más el auto de formal prisión, “una vez realizados todos los actos ejecutivos necesarios para lograr el desahogo de las pruebas ofertadas por la defensa de Gordillo Morales en la etapa de preinstrucción, tal como lo ordenó el tribunal de alzada”, informó el CJF.

De hecho, Mariana Benítez Tiburcio, titular de la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría General de la República, había advertido ya anteriormente que la revocación del Tribunal Unitario “no tiene mayor alcance”, pues no representaba la liberación de la ex líder sindical.