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El Primer Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto destacó que las instituciones que registraron el mayor número de “irregularidades” en contratos fueron la SCT, ISSSTE, Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, Conagua y PGR.

Sin especificar el tipo de irregularidades detectadas, el documento detalla que del 1 de enero al 31 de julio de 2013 se iniciaron 94 actos de fiscalización a 357 contratos de obra pública en 30 estados, pertenecientes a 27 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF).

De febrero a julio de 2013 se concluyeron 84 actos en los que se fiscalizaron 263 contratos de 22 instituciones de la APF, el monto analizado ascendió a 10 mil 370 millones de pesos.

Hasta el 31 de agosto pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y los órganos estatales de control de 12 entidades realizaron 59 auditorías, de las cuales 53 correspondieron a 12 programas federalizados y las otras a recursos de vigilancia, inspección y control.

“Del monto total de inversión autorizada a los programas auditados por 19 mil 856 millones de pesos, se revisaron 17 mil 521 millones y el monto observado ascendió a 7 mil 281 millones de pesos, (41.5% del monto revisado)”, señala el informe.

Los estado con los mayores montos observados fueron Chiapas, con mil 587 millones de pesos; Guanajuato, con mil 531 millones; Sonora, con 955 millones; y Coahuila con 806 millones de pesos.

En el informe señala que se emitieron un total de 793 observaciones y los procedimientos de responsabilidades administrativos solicitados fueron 744; derivado de estas auditorías se generaron reintegros a la Tesorería de la Federación y a Petróleos Mexicanos por 493.9 millones de pesos”, señala el documento.

Para inhibir conductas que perjudican el desarrollo del servicio público, la SFP ha impuesto 6 mil 31 sanciones administrativas a 5 mil 149 funcionarios en el periodo que comprende de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2013.

Se registraron 2 mil 353 amonestaciones (39%); mil 757 suspensiones (29%); mil 165 inhabilitaciones (19.3%); 292 destituciones (4.8%); y 464 sanciones económicas (7.7%), con un monto acumulado de 944 millones de pesos.