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La estrategia de la Consulta Popular por parte del PRD para combatir legalmente la reforma energética está en peligro, de acuerdo con el PRI.

La reforma energética aprobada anoche por el Senado, en el artículo 27 Constitucional, argumenta que los cambios son para “obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación”.

Ante ello, la postura del PRI se centra en aludir el artículo 35 de la Constitución, el cual señala que la Consulta Popular no puede usarse para temas como los ingresos y gastos del Estado.

Entre la lista de temas para los cuales tampoco puede usarse la Consulta Popular también destacan asuntos electorales; la restricción de los derechos humanos; seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

El articulado fue revisado ayer por senadores del PRD ante el peligro de que su estrategia contra el petróleo esté en riesgo.

El presidente de la Comisión de Energía del Senado, David Penchyna (PRI), dijo en entrevista radiofónica con Carmen Aristegui, que la Consulta no aplicar para casos de ingresos.

El senador del PRD, Armando Ríos Piter, consideró que con ello sólo se busca darle la vuelta a la Consulta Popular y calificó a las declaraciones del priísta como “una ocurrencia, es una penchynada”.

Alejandro Encinas (PRD), rechazó que tenga fundamento legal ese escenario.

Recordó que la Constitución no habla de cuestiones fiscales, porque éstas son de carácter temporal y tienen que renovarse cada año en la Ley de Ingresos.

Encinas dijo que lo que el PRD impugna es el dominio de la nación sobre los hidrocarburos y no el régimen fiscal de Pemex.

Afirmó que podría ser un tema que al final de cuentas tendrá que decidir la Suprema Corte.

“Ese no es un tema fiscal, es un asunto de soberanía, rectoría del Estado… por eso es falaz, tramposo y también con mucho dolo lo planteado por Penchyna. Estoy seguro que independientemente de que impongan ese criterio, lo que planteamos tiene que ver con la rectoría del Estado y la propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo; no es un asunto fiscal”.

La vicecoordinadora de del PRD Dolores Padierna consideró que se trata de “una trampa” por parte del gobierno federal, con el fin de que el pueblo de México no sea consultado.