nurit.martinez@eluniversal.com.mx

Las empresas ganadoras de la licitación de 240 mil computadoras acusaron al secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, de realizar un “juicio político-mediático” y violar el debido proceso al consorcio ganador. Defendieron que su “brazo financiero” y experiencia en el mercado mexicano eran suficiente garantía para respaldar la compra de casi 800 millones de pesos.

Casi tres semanas después del anuncio de la SEP de rescindir el contrato por incumplimiento en la entrega de la fianza —por un monto de casi 80 millones de pesos—, luego de que se presentó la denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, las empresas hicieron pública su postura y responsabilizaron a las autoridades de tomar decisiones con base en una “campaña de desinformación política-mediática”.

Explicaron que incumplieron el contrato debido a que la afianzadora —a la que recurrieron— les otorgó solo una carta de crédito que no fue recibida como garantía.

Las empresas reclamaron que a pesar de que toca a la SFP investigar y determinar responsabilidades, el secretario Chuayffet Chemor ya había condenado en un juicio político-mediático al consorcio ganador, al comparecer el 8 de julio ante diputados. “El abogado Chuayffet violó el debido proceso al invadir los terrenos de investigación y resolución de un caso que ahora está en manos de la Función Pública”, señalaron.

Imputaron a los medios de comunicación la sobre exposición del proceso de licitación, por lo que según ellas ninguna empresa afianzadora o banco les otorgó el respaldo para confirmar el contrato con el gobierno federal.

“No han querido aceptar el afianzamiento actual por la situación mediática tan negativa que se ha manejado”, describió Raúl Jasso Altamira, director de Fianzas de Asesoría Integral. Lo mismo planteó la consultoría Coordina Servicios, a través de Alejandro Lisci.

El documento que presentó el representante legal de Grupo Mercantil Te Prestamos, Israel Arias Dávila y a nombre del Corporativo Arca y de Integra Ingeniería ante la dirección general de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, asegura que “el brazo financiero” de las tres empresas y su experiencia en el mercado eran una “garantía para cumplir todas las condiciones de la licitación”.