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La propuesta de reforma política-electoral de senadores panistas y perredistas prevé nuevo delitos electorales y endurece las sanciones a quienes participen en la coacción o compra del voto.

Incluso, propone meter a la cárcel —de tres a siete años— al “funcionario partidista o al candidato” que ejerza presión o induzca expresamente a los electores a votar o abstenerse de votar el día de la elección o en alguno de los tres días anteriores de la misma.

De una treintena de temas que aborda la propuesta —la cual es alterna a la que generará el Pacto por México—, panistas y perredistas en la Cámara Alta propusieron castigar “el turismo electoral”, es decir, la práctica de cambiar de domicilio con el afán de votar en otro lugar para beneficiar a un candidato a un partido político específico.

En materia electoral, la propuesta —de ser aprobada— reconocería como conducta ilícita cualquier elemento que pruebe la condición de entrega de dinero, dádiva o recompensa a favor de un candidato o partidos político, así como a quien retenga la credencial para votar o fomente la violencia. De haber responsables de estos eventuales delitos se impondría un castigo de tres a seis años de prisión y multa de 500 a 5 mil días hábiles.

En este catálogo de delitos se incluye a quien amenace con suspender los beneficios de programas sociales federales, estatales, municipales o del DF para que el elector participe en actos de campaña.

Se amplían los delitos electorales a conductas relacionadas con permisionarios, concesionarios, integrantes de la delincuencia organizada, responsables de las finanzas partidistas, candidatos independientes y precandidatos.

Debates en señal nacional

La propuesta también prevé “mejorar” la fiscalización de las campañas electorales para volverla paralela a los procesos electorales, es decir, “oportuna”, y propone sanciones más severas al rebase de topes de gastos.

Según el documento, actualmente las sanciones son demasiado laxas, por lo que se propone crear la Comisión de Fiscalización que se apoye en la Unidad de Fiscalización del IFE; se pretende dar al Consejo General las atribuciones necesarias para diseñar, conducir, instrumentar, supervisar y, en su caso, aplicar sanciones en materia de fiscalización del origen y destino de los recursos de los partidos.

Debido a que el año pasado el debate presidencial se transmitió en canales de baja audiencia, se propone que los concesionarios y permisionarios de radio y televisión estén obligados a transmitir en vivo los debates presidenciales a través de, al menos, una de sus señales de alcance nacional.

Incluso, se sugiere que se establezca en la ley electoral una sanción de 5 mil hasta 150 mil salarios mínimos a los candidatos que decidan no acudir a los debates.