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Expertos electorales detectaron que de cada peso dedicado por los partidos políticos a sus campañas hay 4 pesos no reportados y provenientes de recursos privados, producto de desvíos o de hechos de corrupción, por lo que pidieron reorientar la próxima reforma en la materia hacia el acotamiento del dinero y mayor fiscalización.

“El problema de la democracia electoral a nivel federal y estatal se llama dinero”, concluyó Luis Carlos Ugalde, al presentar ayer las conclusiones del estudio Fortalezas y debilidades del sistema electoral mexicano, elaborado por Integralia y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Propuso tres medidas para “reducir los costos estructurales de las campañas”: combatir la corrupción que detona el financiamiento de éstas a cambio de pago futuro (contratos, concesiones), combatir con mayor eficacia el desvío de recursos públicos y el clientelismo.

Sólo después de esas acciones, de acuerdo con el estudio, procedería bajar los topes de campaña, pues los hechos demuestran que esos límites se violan porque las prácticas ilegales persisten.

Se tendría que fiscalizar y seguir la pista del dinero con mayor eficacia, en tiempo real y enfocados en el gasto y no en el ingreso, expuso Ugalde Ramírez, coordinador de la investigación, en la que participaron consejeros y ex consejeros electorales, magistrados y analistas.

En el documento se detallan algunas de las prácticas que llevaron a la conclusión de que los partidos gastan tres veces más de lo que reportan y que además usan dinero prohibido.

Entre ellas el uso de dinero de fuentes prohibidas, como recursos de empresas mercantiles y el proveniente del desvío y triangulación de dinero del erario publico.

Eso da pie a otros fenómenos. Por un lado, los empresarios apoyan una campaña y luego cobran mediante contratos de obras o permisos.

Asimismo, fomenta prácticas como “inflar el costo de obras públicas y pedir pagos en efectivo a cambio de permisos de construcción y licencias (...) Es la forma más común de desviar recursos del gobierno hacia campañas”, detalló.

Además, aunque la ley ordena que el financiamiento público de los partidos debe prevalecer sobre el privado, existe la “evidencia anecdótica” de que éste último, pero ocultado a la autoridad. “Ya es predominante en la mayor parte de las campañas para cargos públicos federales, así como para gubernaturas y presidencias municipales”, advierte el estudio.

A este escenario se suman más anomalías relacionadas con recursos: los partidos no reportan una porción significativa de sus gastos de proselitismo; suelen realizar cuantiosos pagos en efectivo para movilizar votantes y para “pagar” cobertura noticiosa, además de que se subfacturan insumos de campañas.