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La Procuraduría General de la República (PGR) desde la administración pasada archivó las investigaciones que existían en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, por sus presuntos nexos con el narcotráfico, ya que no se encontraron elementos para proceder penalmente en su contra.

El titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, reveló así el destino que tuvieron averiguaciones previas como la PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009, iniciadas durante el gobierno anterior en contra de los ex servidores públicos, a quienes se les vinculaba presuntamente con el cártel del Golfo-Zetas, señalados de haber recibido sumas millonarias a cambio de proteger a la organización.

Durante una entrevista en televisión, el funcionario federal soltó que “por lo que toca a la Procuraduría General de la República, antes de que yo llegara habían ya mandado al archivo los expedientes”, lo que implica que cuando asumió la institución no le correspondió tomar determinación alguna sobre el destino de los expedientes penales.

La decisión que se tomó a finales del sexenio anterior, explicó, fue porque “no se habían encontrado pruebas suficientes para procesar” a los ex gobernadores, y reiteró que esa determinación del personal de la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) se tomó “antes de que yo llegara”.

Se le preguntó a Murillo Karam si esto implica que ya no existe nada contra Yarrington y Hernández Flores, a lo que indicó que “también no puedo decir ‘ya no hay nada’, o sea, es cuestión de… hay un expediente que se archivó, pero decirme nada, pues no hay nada, no puedo decir de nadie”.

Aunque en esta revelación el procurador no explicó qué paso con la orden de aprehensión que existía contra Yarrington por delitos contra la salud, en su modalidad de fomentar operaciones del narcotráfico, que hasta agosto de 2012, según información de la PGR, estaba vigente.

Incluso en esa fecha existieron declaraciones de funcionarios de que existía una línea de investigación abierta adicional por lavado.

En la integración de estos expedientes se utilizó a cinco testigos protegidos que dieron cuenta incluso de las propiedades que el ex gobernador habría adquirido, entre las que destacaban medios de comunicación, ranchos, departamentos y hasta una isla, y que son elementos que se integraron a la indagatoria que hoy, un año después, se conoce que fue enviada a los archivos de la PGR.

Las indagatorias incluso se complementaron con información del gobierno de Estados Unidos, que detectó supuestas propiedades de Yarrington Ruvalcaba en el Condado de Bexar, en San Antonio, Texas, y un condominio en la isla de South Padre, en Texas, a través de los empresarios Fernando Alejandro Cano-Martínez y Napoleón Rodríguez de la Garza, considerados prestanombres del ex funcionario.