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La Procuraduría General de la República (PGR) inició 99 averiguaciones previas por tortura, sólo entre febrero y julio de este año, derivadas de juicios federales en donde los procesados denunciaron ser víctimas de esta práctica, reconoció el gobierno de México en el informe que entregó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

El documento forma parte de la segunda evaluación del país por el Mecanismo de Examen Periódico Universal, que tendrá lugar el 23 de octubre en Ginebra, Suiza, en el que se reconoce que “persisten algunos retos para el pleno goce de los derechos humanos”; que en materia de seguridad y justicia “el reto es reducir la violencia, garantizar que prevalezca el Estado de derecho y generar una convivencia armónica”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo público el informe, en el que a diferencia de la primera evaluación, en la que se reconocía la persistencia del fenómeno de la tortura y que derivó en recomendaciones de Naciones Unidas, en esta ocasión no califica sobre el nivel del problema y sólo ofrece indicadores.

Detalla que de 2007 a 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en materia de tortura 51 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); ocho a la Secretaría de Marina (Semar), cinco a la entonces Secretaría de Seguridad Pública Federal, y una a la PGR. “Las 65 recomendaciones fueron aceptadas en su totalidad y se ha avanzado en su cumplimiento”.

El dato más revelador del documento en este rubro es que “entre febrero y julio de 2013 la PGR abrió 99 indagatorias por tortura, derivadas de juicios federales en donde los procesados la denunciaron”.

Mientras que en el apartado de desapariciones forzadas, otro de los temas del país que ha preocupado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no se incluyen estadísticas, se limita a ennumerar las acciones tomadas por el gobierno para la búsqueda de víctimas.

Destaca también en el documento que en el Congreso existen diversas iniciativas para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, para que los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por personal de las Fuerzas Armadas contra civiles sean conocidos por el fuero civil, tema por el que Naciones Unidas ha emitido recomendaciones a México.

El informe reconoce que “la aprobación de esta reforma es uno de los principales retos en materia de justiciabilidad de derechos”.

La PGR está en proceso de revisar los expedientes que le competen, a fin de que las víctimas tengan acceso a la justicia.

En otro apartado se revela que en contra de la corrupción de 2009 a 2012, se consignaron a 2 mil 908 inculpados por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones o ejercicio indebido del servicio público. No obstante, al revisar las cifras que ofrece el informe, sólo 5.1% de esos casos ha recibido sentencia, en 149 de ellos se concluyó el proceso: 116 fueron condenatorias y 33 absoluciones.