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A tres años de la masacre en San Fernando, Tamaulipas, en la que 72 migrantes fueron asesinados por integrantes del crimen organizado con la aparente colusión de varios policías locales, las autoridades continúan sin cumplir con su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad de los migrantes a su paso por México.

Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional, comentó que el gobierno aún no ha anunciado las medidas que tomará para proteger a las personas migrantes en México.

“En tanto no se anuncien e implementen medidas efectivas para protegerlas, las autoridades mexicanas se vuelven omisas ante la violencia a la que día con día se enfrentan estas personas”, dijo el activista de derechos humanos.

El 22 de agosto de 2010, un grupo criminal asesinó a 72 personas, en su mayoría migrantes procedentes de Centro y Sudamérica, en el municipio de San Fernando. Durante el año siguiente, en ese mismo municipio se descubrieron cerca de 200 cuerpos más en fosas comunes, parte de los cuales podrían pertenecer a migrantes aún sin identificar.

El activista comentó que a pesar de la detención de varios presuntos responsables, la verdad detrás de estos crímenes no ha sido esclarecida

La identificación plena de todos los restos también sigue pendiente. La falta de transparencia ha sido grave, dijo.